El
Gobierno de Galicia ha ratificado su intención de sancionar a todo aquel que se niegue a que le administren la
vacuna contra el coronavirus. La medida, pionera en España, ha causado revuelo en el plano judicial y tampoco encuentra excesivo respaldo a nivel político. De hecho, solo un partido con representación en el Congreso de los Diputados
, Junts per Catalunya (JxCat), es abiertamente favorable a esta imposición, que genera dudas incluso en el seno del PP.
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La formación popular se encuentra en una posición delicada, dado que es precisamente una de las autonomías que gobierna la que ha reabierto el debate sobre la vacunación obligatoria. A nivel oficial, el partido que preside
Pablo Casado evita por el momento posicionarse a este respecto, aunque fuentes internas consultadas por
Redacción Médica asumen que “no hay un argumentario” único. En este sentido, destacan que se trata de un asunto “muy delicado”, aunque inciden en que el
movimiento del Ejecutivo gallego constituye simplemente una “anticipación a una mala previsión” de la administración central.
No existe tal debate en JxCat, que, a día de hoy, es la única formación de la Cámara Baja que se muestra “partidaria” de la vacunación obligatoria.
El partido soberanista catalán considera necesario un nuevo impulso al plan de choque frente al Covid-19. Destacan, en este sentido, que hacen falta más medidas para contener la pandemia, y recuerdan que han llevado al Congreso otras proposiciones como la de que las farmacias puedan hacer test de antígenos para aumentar el rastreo de contagiados.
Bajo respaldo político a la obligatoriedad de la vacuna
El resto de formaciones consultadas por
Redacción Médica rechazan, en mayor o menor medida, la imposición de la vacuna contra el coronavirus. Entre ellos, el PSOE, que destaca que
la tramitación de la norma en Galicia “no condiciona ni cambia el enfoque actual del plan de vacunación en España”. “Además, hoy por hoy la posición de la inmensa mayoría de la ciudadanía en favor de la vacuna confirma el acierto de no hacerla obligatoria”, recalca Ana Prieto, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Más comedidos, sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, delegan la decisión a Sanidad.
Formaciones como
Vox, UPN, Ciudadanos y Bildu también son partidarias de evitar la obligatoriedad de las inmunizaciones: “El que quiera vacunarse que se vacune. El que no, que se respete su libertad de no hacerlo”, recalcan desde la formación que lidera Sanitago Abascal, que subraya que es el Gobierno el que debe garantizar que haya dosis para todos los que la necesiten.
En Ciudadanos, su coordinadora en Galicia,
Beatriz Pino, considera que Feijóo ha confundido el refuerzo de la sanidad pública con la limitación de las libertades individuales de los gallegos, que bajo su punto de vista “deben ser libres en sus actuaciones”. “Durante esta pandemia hemos visto cómo la sociedad gallega se comportaba de forma responsable ante las medidas restrictivas impuestas desde el Gobierno central y desde la Xunta”, lamenta la dirigente naranja, que añade que
la reforma de la Ley de Salud es “un parche que no ahonda en los problemas reales del sistema sanitario gallego”.
Bajo porcentaje de ciudadanos que rechazan inmunizarse
En la misma línea, UPN argumenta que lo que debe hacer el Ministerio “es realizar una campaña en favor de la vacunación”, pero “en ningún caso tomar medidas que la hagan obligatoria”.
En el caso de ERC tampoco son valedores de vacunar de forma obligatoria, aunque el partido independentista augura que esta medida puede tener base legal. “
Nosotros somos más partidarios de pedir el consentimiento, ya que se trata de un derecho que queremos respetar”; afirman. “Por suerte”, añaden fuentes del partido, el porcentaje de ciudadanos que no se quieren poner la vacuna en España “es más bajo que en otros países”.
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