La primera acción sanitaria que realizará
Marga Prohens al mando del
Gobierno balear será
auditar el gasto del Ib-Salut y de las listas de espera para determinar por qué el incremento de recursos no ha repercutido en una mejora del “servicio a la ciudadanía”.
Durante su discurso en el pleno de investidura que se celebra este lunes en el Parlamento autonómico, la futura presidenta del Ejecutivo de las Islas Baleares, ha manifestado que la
mejora de la sanidad pública será una prioridad después de ocho de gobiernos de izquierdas en los que, a su juicio, se han “acentuado las principales deficiencias del sistema”.
Para determinar el alcance del problema, la mandataria del PP encargará sendas auditorías en el Ib-Salut y en las listas de espera del territorio. El objetivo es saber por qué se invierte
“más presupuesto que nunca” en estos ámbitos y, sin embargo, la región se sitúa “entre las peores de España”.
En materia laboral, Prohens ha confirmado que erradicará “requisitos disuasorios” para el acceso al sistema autonómico de salud, como el de la necesidad de saber catalán; y que trabajará para forjar un “gran pacto para la sanidad balear” en el que participen agentes políticos, sociales y profesionales.
Acuerdo con Vox para gobernar en solitario
El PP gestionará en solitario la sanidad y el conjunto del Ejecutivo balear tras
alcanzar la semana pasada un acuerdo con Vox.
Según anunció la formación popular, el acuerdo permitirá dotar a las islas de un "
Ejecutivo estable, cumplir con su programa de gobierno y respetar el mandato y la voluntad de cambio expresada por los ciudadanos en las urnas el pasado 28 de mayo".
El documento programático desarrolla las cinco líneas básicas acordadas por ambas formaciones el pasado 19 de junio de 2023 a fin de preservar la libertad, el desarrollo económico, las
mejoras de los servicios sociales y la sanidad pública, la protección de la mujer y la seguridad de los ciudadanos de Baleares, y permite dar cumplimiento al programa de gobierno con el que el Partido Popular se presentó a los pasados comicios.
En materia de sanidad, dicho acuerdo recogía en el bloque sobre la mejora de los servicios sociales y de la sanidad pública el "levantar las trabas existentes como la obligatoriedad del requisito lingüístico".
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