Un acceso al grado de Medicina común en toda España, al Congreso
Vox registra una proposición de ley para dar al Gobierno plenas competencias en la evaluación y la admisión
Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso.
03 jul 2026. 11.50H
POR MANU IBÁÑEZ
El Boletín Oficial del Congreso de este viernes recoge la Proposición de Ley Orgánica registrada por Vox para implantar una prueba única de acceso a la universidad y, por ende, al grado de Medicina y al resto de enseñanzas de Ciencias de la Salud. “Proponemos un examen unificado para que todos los alumnos puedan acceder en igualdad de condiciones y alejemos algo tan básico y esencial como la educación de las disputas políticas”, anunció este jueves la portavoz del Grupo Parlamentario en la Cámara Baja, Pepa Millán.
En la exposición de motivos de su iniciativa legislativa, Vox lamenta que la regulación vigente de la prueba de acceso a la universidad (PAU) y de los procedimientos de admisión “ha dado lugar a un modelo caracterizado por una notable fragmentación territorial en su organización y gestión”. “La existencia de distintos sistemas de organización de la prueba, calendarios diferenciados y procedimientos de admisión diversos dificulta la garantía efectiva de unas condiciones homogéneas de acceso a la universidad para todos los estudiantes”, insiste el partido.
Al respecto, se denuncia que el modelo actual “atribuye a distintos órganos territoriales funciones relevantes en la organización de la prueba de acceso, la gestión de convocatorias, la fijación de determinados criterios procedimentales y la articulación de los procesos de admisión”, una distribución de funciones que, a juicio de Vox, “ha favorecido la coexistencia de mecanismos de gestión diferenciados que dificultan la existencia de un sistema verdaderamente común para todos los estudiantes españoles”.
“La coexistencia de diferentes pruebas de acceso organizadas en las distintas regiones ha alimentado la percepción social de que los estudiantes no concurren en condiciones de igualdad al acceso a la universidad”, indica el partido, que también advierte de las “cargas burocráticas repetidas en las diferentes regiones” generadas por “la existencia de diferentes procedimientos de admisión y adjudicación de plazas”, una circunstancia que “dificulta la movilidad de los estudiantes y retrasa la asignación definitiva de plazas universitarias”.
La proposición de ley de Vox contiene tres reformas normativas. En primer lugar, se plantea modificar la Ley Orgánica de Educación de 2006 “al objeto de exigir que las pruebas de acceso sean de carácter nacional y tengan las mismas exigencias y criterios de evaluación”. También se busca “reforzar la competencia estatal en relación con los procedimientos de admisión de quienes hayan superado la prueba de acceso, garantizando su unificación en todo el territorio español”.
La segunda Ley Orgánica que se quiere reformar es la del Sistema Universitario, que data de 2023, “para reforzar el papel del Gobierno como garante del derecho de acceso a los estudios universitarios” haciéndolo competente “para fijar un procedimiento común de admisión de quienes hayan superado la prueba de acceso”.
Por último, Vox quiere reformar el Real Decreto de 2024 que regula los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias de grado, las características básicas de la prueba de acceso y la normativa básica de los procedimientos de admisión, “para que la prueba se realice en los términos que determine la Administración General del Estado y sea el Gobierno el que disponga los criterios comunes relativos a las características de los ejercicios, los criterios de corrección y calificación y los procedimientos de coordinación necesarios para garantizar la homogeneidad de la prueba en todo el territorio nacional”.
En la exposición de motivos de su iniciativa legislativa, Vox lamenta que la regulación vigente de la prueba de acceso a la universidad (PAU) y de los procedimientos de admisión “ha dado lugar a un modelo caracterizado por una notable fragmentación territorial en su organización y gestión”. “La existencia de distintos sistemas de organización de la prueba, calendarios diferenciados y procedimientos de admisión diversos dificulta la garantía efectiva de unas condiciones homogéneas de acceso a la universidad para todos los estudiantes”, insiste el partido.
Al respecto, se denuncia que el modelo actual “atribuye a distintos órganos territoriales funciones relevantes en la organización de la prueba de acceso, la gestión de convocatorias, la fijación de determinados criterios procedimentales y la articulación de los procesos de admisión”, una distribución de funciones que, a juicio de Vox, “ha favorecido la coexistencia de mecanismos de gestión diferenciados que dificultan la existencia de un sistema verdaderamente común para todos los estudiantes españoles”.
“La coexistencia de diferentes pruebas de acceso organizadas en las distintas regiones ha alimentado la percepción social de que los estudiantes no concurren en condiciones de igualdad al acceso a la universidad”, indica el partido, que también advierte de las “cargas burocráticas repetidas en las diferentes regiones” generadas por “la existencia de diferentes procedimientos de admisión y adjudicación de plazas”, una circunstancia que “dificulta la movilidad de los estudiantes y retrasa la asignación definitiva de plazas universitarias”.
Tres reformas normativas para una PAU común a Medicina
La proposición de ley de Vox contiene tres reformas normativas. En primer lugar, se plantea modificar la Ley Orgánica de Educación de 2006 “al objeto de exigir que las pruebas de acceso sean de carácter nacional y tengan las mismas exigencias y criterios de evaluación”. También se busca “reforzar la competencia estatal en relación con los procedimientos de admisión de quienes hayan superado la prueba de acceso, garantizando su unificación en todo el territorio español”.
La segunda Ley Orgánica que se quiere reformar es la del Sistema Universitario, que data de 2023, “para reforzar el papel del Gobierno como garante del derecho de acceso a los estudios universitarios” haciéndolo competente “para fijar un procedimiento común de admisión de quienes hayan superado la prueba de acceso”.
Por último, Vox quiere reformar el Real Decreto de 2024 que regula los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias de grado, las características básicas de la prueba de acceso y la normativa básica de los procedimientos de admisión, “para que la prueba se realice en los términos que determine la Administración General del Estado y sea el Gobierno el que disponga los criterios comunes relativos a las características de los ejercicios, los criterios de corrección y calificación y los procedimientos de coordinación necesarios para garantizar la homogeneidad de la prueba en todo el territorio nacional”.
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