Traspaso "urgente" de la sanidad penitenciaria ante el "clamor" profesional

El grupo plurinacional Sumar ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para instar al Gobierno a transferir las competencias en sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas de forma "urgente". Se trata de la enésima medida de presión para reimpulsar un proceso que el propio Ejecutivo -del que, no hay que olvidarlo, forma parte el partido de Yolanda Díaz- tiene en sus planes. De hecho, no han sido pocos los intentos para lograrlo en las últimas dos décadas ante el "clamor" de los profesionales del ramo, según destaca el grupo progresista. Sin embargo, la meta sólo se ha alcanzado parcialmente.

Sumar ha registrado su PNL sobre sanidad penitenciaria para que sea debatida en la Comisión de Interior. En esencia, lo que pide al Gobierno es que tome “las medidas normativas o convencionales oportunas” para que la sanidad penitenciaria sea transferida a los servicios autonómicos de salud "a la mayor brevedad posible”. Se trata, de hecho, de un mandato legal reflejado en la disposición adicional sexta de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003, es decir, hace más de 20 años.

“Los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. A tal efecto, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta Ley y mediante el correspondiente Real Decreto, se procederá a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, conforme al sistema de traspasos establecido en los estatutos de autonomía”, dice la norma. Y esos 18 meses que se cumplían el 1 de diciembre de 2004 -la ley entró en vigor el 30 de mayo de 2003- se han convertido ya en dos décadas.

Además, pide Sumar que se valore la elaboración de una hoja de ruta, basada en la experiencia de las comunidades autónomas que ya ostentan estas competencias, para facilitar la implementación del proceso en el resto de regiones, pero no en todas, sino en las que “manifiesten su interés en la asunción del referido traspaso”.

Así está la situación de la sanidad penitenciaria en España

Son tres las autonomías que tienen transferidas las competencias en sanidad penitenciaria: Cataluña, País Vasco y Navarra. En marzo, el secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, pidió reunirse con el resto de Consejerías de Sanidad regionales para estudiar cómo ampliar esa circunstancia al resto de comunidades autónomas.

Para Sumar, esa medida es “un clamor prácticamente unánime entre todos los agentes profesionales, sociales y sindicales relacionados con la materia y es también una necesidad reconocida por todos los grupos políticos”. Por ello, el grupo plurinacional señala que el traspaso ha de ser “urgente” en tanto en cuanto se trata de un “requisito ineludible para conseguir la equidad y normalización de la sanidad penitenciaria”, pese a lo cual “ha habido una práctica parálisis” a la hora de acometerlo.

“La rotundidad de la disposición transcrita no ha impedido su más radical incumplimiento, de manera que hoy en día únicamente País Vasco, Cataluña y muy recientemente la Comunidad Foral de Navarra en el año 2021, a pesar de que no estaban transferidos los centros penitenciarios, ha asumido la referida transferencia. Y ello pese a que la actual situación de dependencia de la sanidad penitenciaria de la Administración central acarrea graves deficiencias que provocan que, en última instancia, la población reclusa no disfrute de una atención médico-sanitaria y de unas prestaciones farmacéuticas equivalentes a las dispensadas al conjunto de la población”, resume el partido en su PNL, firmada por su portavoz del área de Justicia, Enrique Santiago.

También recuerda Sumar que en 2016 el pleno del Senado y la Comisión de Interior del Congreso ya aprobaron una moción y una PNL, respectivamente, en este sentido. Además, se destaca que todos los parlamentos autonómicos en los que se ha presentado una moción o PNL para instar a su respectivo gobierno a asumir las competencias de sanidad penitenciaria las han aprobado por unanimidad. Se trata de Valencia, Navarra, Extremadura, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-León, Andalucía, Baleares y Murcia.