Sueldo y Salud Mental complementan al médico de prisiones como autoridad

Los médicos y enfermeros que trabajan en las prisiones de España están más cerca de ser reconocidos como agentes de la autoridad -siempre que sean funcionarios-, gracias a la proposición de ley presentada por el PSOE ante la Mesa del Congreso de los Diputados. Tras un intenso debate marcado por cuestiones como las mejoras salariales de los facultativos que trabajan en las cárceles y la atención a la salud mental, la tramitación de esta propuesta ha logrado el visto bueno de la Cámara, con 300 votos a favor, 14 en contra, y 29 abstenciones. En concreto, la proposición de ley busca otorgar este carácter a todos los funcionarios de las Instituciones Penitenciarias, incluidos los sanitarios, con el fin de brindar seguridad jurídica a los profesionales de estos entornos.

Para ello, la propuesta del PSOE pretende modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, para conferir a los funcionarios de prisiones el estatus de agentes de autoridad. Según la formación liderada por Pedro Sánchez, esta iniciativa responde a la necesidad de proporcionar seguridad jurídica a los profesionales que trabajan en entornos penitenciarios, enfrentándose a desafíos únicos y situaciones de riesgo.

Según ha defendido José Luis Aceves, diputado del PSOE, esta proposición de ley se fundamenta en un contexto en el que el trabajo de los funcionarios de prisiones, entre los que se encuentran los sanitarios, "impide que sea una labor más conocida y con el mayor reconocimiento social que merecen", ya que, en su opinión, estos trabajadores ejercen una "fundamental labor" para la reinserción social de las personas privadas de libertad.

Es por esto que Aceves ha aprovechado su intervención en el Congreso de los Diputados para poner en valor las iniciativas que se han promovido en los últimos tiempos para "avanzar en los servicios públicos prestados, como la sanidad y la educación" de los internos, así como ampliar derechos de los trabajadores y mejorar sus condiciones de trabajo. En esta línea, ha argumentado que esta proposición de ley supone "un paso crucial para el personal sanitario y el resto del colectivo penitenciario".

Según la proposición de ley, otorgar a los médicos y a los demás funcionarios de prisiones el estatus de agentes de autoridad permitirá reconocer la singularidad de su trabajo y dará "relevancia probatoria" a los informes que redactan en procedimientos administrativos y judiciales.

Además, la propuesta establece la obligación de la administración de compensar económicamente a estos profesionales por los "daños personales o materiales" sufridos en el ejercicio de sus funciones. Junto a esto, entre los cambios más destacados está la garantía de que los funcionarios de prisiones, incluidos los sanitarios, se mantengan separados de los reclusos en situaciones de detención o ingreso en prisión.

Todos los trabajadores de prisiones como agentes de autoridad 

Desde la oposición, Ana Belén Vázquez, diputada del PP, ha explicado que, para conseguir el apoyo de su grupo parlamentario, el PSOE debe considerar en esta proposición de ley que todas las figuras que trabajan en las prisiones sean considerados agentes de autoridad, no solo los funcionarios. "O aceptan que entran todos los trabajadores, o no vamos a apoyar esta proposición de ley, porque todos tienen el mismo riesgo", ha señalado. Junto a esto, ha demandado también la inclusión "del principio de veracidad", no solo "para los procedimientos administrativos con los interinos, sino también judiciales".

Además, Vázquez ha recriminado al PSOE que hayan utilizado la sanidad penitenciaria "como un trueque" para conseguir votos, un hecho que, según ha demandado, ha desembocado en que este servicio sanitario, gestionado por el Estado, se haya convertido en "la peor sanidad", dejando más del 80 por ciento de plazas sin cubrir.

Por su parte, el diputado de Vox, Javier Ortega Smith, ha hecho alusión al "riesgo de contagio de enfermedades" al que están sometidos los profesionales de prisiones. Junto a esto, Ortega Smith ha hecho un repaso de las mismas iniciativas que se han presentado sobre el mismo tema, un "calco" de la actual, por lo que ha adelantado la presentación de enmiendas al texto. Lo cierto es que esta demanda ya había sido presentada de una manera muy similar por Vox en 2019, que solicitaba una modificación de la Ley General Penitenciaria para reconocer a los funcionarios de prisiones, incluidos los profesionales sanitarios, como agentes de autoridad.

Deficiencias de los servicios penitenciarios

Por su parte, Enrique Santiago, dirigente portavoz adjunto de Izquierda Unida en el Congreso y diputado electo de Sumar por Córdoba, ha trasladado su "reconocimiento a los servicios médicos y psicológicos" de prisiones porque su trabajo "va mucho más allá de sus competencias" pese a la falta de medios y condiciones. "Nos sorprende esta proposición de ley con contenidos limitados", ha explicado ante la Cámara, llamando la atención del intento de "autoritarismo" que propicia el "avance del discurso de las derechas".

Por este motivo, Santiago ha pedido incluir soluciones en la tramitación de la ley "a los graves problemas que tienen las cárceles", que afectan tanto a internos como a trabajadores, como "las deficiencias de los servicios sanitarios, la falta de médicos y enfermeros, la mala remuneración, la falta de medios técnicos y la preocupante ausencia de coordinación con los servicios de la salud de las comunidades autónomas".

"¿Ustedes saben que un médico que tiene que atender a un interno no puede acceder a su expediente salvo en las CCAA como Navarra, País Vasco y Cataluña?", ha preguntado al Hemiciclo, señalando que el traspaso de la sanidad penitenciaria lleva pendiente desde hace años pese a que está previsto en la ley. "Esto sí multiplica la peligrosidad derivada de la salud y salud mental de los internos", ha sentenciado, denunciando que no reciben el pertinente tratamiento.

Garantías en la seguridad de sanitarios de prisiones

La proposición de ley ha encontrado apoyos en alguno de los socios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La diputada Cristina Valido ha avanzado el 'sí' de Coalición Canaria a la proposición, aunque ha pedido la garantía de que este "primer paso" tenga recorrido legislativo. Además, ha manifestado dudas acerca de si esta normativa será de aplicación para todos los trabajadores de instituciones penitenciarias, al igual que el PP.

"La falta de médicos o enfermeros, que desde luego tienen mejores oportunidades y retribuciones en las comunidades autónomas, generan unas tensiones insoportables en nuestras prisiones", ha denunciado la diputada, añadiendo que "la falta de Unidades de Psiquiatría y de atención a los problemas de salud mental de los internos generan muchas de las agresiones que se viven".  En este sentido, ha instado a promover más "medidas pendientes" además de las contempladas en esta propuesta socialista: "Hay que tomárselo en serio".

Por su parte, desde PNV, el diputado Mikel Legada también ha puesto sobre la mesa las distintas ocasiones en las que se ha debatido este mismo tema sin el correspondiente desarrollo normativo, advirtiendo su 'luz verde' al proyecto impulsado por el PSOE, al que desde su grupo realizarán enmiendas.

"Vienen reclamando desde hace tiempo garantías en la atención sanitaria de presos y penados para garantizar el orden y régimen interior", ha manifestado, pidiendo un mayor compromiso para reducir la conflictividad en las cárceles españolas, como "el tratamiento del gravísimo problema de la salud mental de los penados".

Mejora de la sanidad penitenciaria

Desde Bildu no han sido tan benevolentes con la propuesta socialista. Su diputado, Jon Iñárritu, ha señalado que "faltan médicos y medios, sobre todo, de salud mental en la mayoría de centros penitenciarios; y ahí sí que habría que hacer un esfuerzo". Además, ha puesto en cuestión en qué beneficiaría que los funcionarios sean agentes de autoridad frente a la conflictividad de los centros, y haciendo hincapié en que es una medida propia de gobiernos de derechas, por lo que votarán en contra.

En esta línea, el diputado de Junts, Josep María Cerdera ha subrayado la necesidad de aumentar las plantillas, envejecidas en la actualidad. "Tienen salarios injustos y precarios", ha denunciado, instando a equiparar a los médicos y enfermeros de prisiones con los de la sanidad pública. De prosperar la iniciativa, el diputado ha anunciado enmiendas.

Por último, Pilar Vallugera, diputada de ERC, ya ha adelantado el voto en contra de su formación, remarcando también las "voluntades de derechas" del fondo de la proposición de ley. "Nuestra apuesta por la dignificación del trabajo de los funcionarios de prisiones pasa por la jubilación anticipada y las condiciones en las que están ejerciendo en su trabajo", ha concluido.