Joan Subirats hace números de cara a la decisiva votación de la
Ley de Universidades que tendrá lugar este jueves en el Congreso. Si todo sigue el curso esperado, la Cámara dará luz verde a un proyecto que recoge, entre otras disposiciones, el establecimiento de límites a la temporalidad entre el profesorado; así como una vía de
‘promoción interna’ que permitiría a los docentes, incluidos aquellos de las ramas vinculadas a las Ciencias de la Salud, alcanzar los puestos directivos más elevados. Incluido el de rector.
El Ministerio de Universidades tiene ‘amarrado’ el apoyo de los diputados de
PNV y ERC, que se sumarían a los de PSOE y Unidas Podemos.
EH Bildu ha anunciado este miércoles su abstención, mientras que
PP, Vox, Ciudadanos, Junts, BNG o CUP votarán en contra si nada cambia en las próximas horas.
En la sesión plenaria celebrada en el Congreso, una de las mayores defensoras de ley ha sido la nacionalista vasca
Josune Gorospe, quien ha celebrado los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo no solo en materia competencial y lingüística, sino también en torno al
“refuerzo de la democracia” interna en las universidades al permitir a los profesores “el acceso a
otros niveles de gobernanza” más elevados. En este sentido, ha puesto en valor el hecho de que estos puedan alcanzar el puesto de rector.
Experiencia asistencial para ser profesor
Entre otras novedades, incorporará novedades como un mayor reconocimiento de la experiencia asistencial para acceder al puesto de profesor de Medicina o Enfermería o más facilidades para la
homologación de los títulos de
Psicología para los profesionales extracomunitarios.
Asimismo, la nueva normal marca el horizonte del 1 por ciento del
Producto Interior Bruto destinado al sistema universitario para 2030; "elimina la precariedad" reduciendo la
temporalidad del 40 al 8 por ciento; o plantea el responder al envejecimiento de plantillas "incentivando programas de estabilización y promoción".
El ministro de Universidades, Joan Subirats, también ha destacado que
"democratiza" el acceso a la universidad estableciendo un programa de becas como derecho subjetivo vinculado a la situación socioeconómica de las personas solicitantes; y que refuerza la conexión de la Universidad con la sociedad a través de diversos mecanismos.
El propio Subirats ha enfatizado que esta nueva normativa es “totalmente necesaria” para actualizar una ley “que tiene
más de 21 años” y que “se hizo en un momento en el que aún estaban por desplegar las competencias de las comunidades autónomas y eran inimaginable los cambios tecnológicos necesarios".
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