El Gobierno ha descartado integrar las funciones de
seguridad alimentaria dentro de la futura
Agencia Estatal de Salud Pública que se encargará de la prevención, detección y respuesta rápida de las amenazas sanitarias en España, bajo el paraguas del
Ministerio de Sanidad. A pesar de que las dos ramas comparten algunos perfiles de expertos, el Ejecutivo se ha decantado finalmente por mantener sus funciones bajo la tutela de la cartera de
Consumo.
Fuentes gubernamentales han aclarado en una respuesta parlamentaria remitida al
Congreso de los Diputados que no está prevista la integración de la actual
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) en la nueva estructura de Salud Pública. Mientras que han señalado que su gestión seguirá siendo una competencia del área que dirige el ministro
Alberto Garzón.
El Ejecutivo ha contestado así a la consulta formulada por el grupo parlamentario de
Vox, que quería aclarar cómo iba a ser la organización del nuevo ente tras la aprobación de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. En el programa de las cuentas públicas se hacía una mención específica a la creación de “procedimientos de coordinación” entre la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y el
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige
Fernando Simón.
Esta división de competencias se ha producido en un escenario en que Sanidad y Consumo han dejado de formar parte de la misma cartera, aunque algunas de sus funciones han estado históricamente vinculadas. De hecho,
la renovación del Consejo Rector de la Aesan colocó a tres médicos en el equipo multidisciplinar de dirigentes. Entre ellos, la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación,
Pilar Aparicio, que ejerce como vicepresidenta del organismo público, por lo que tiene implicación directa en la seguridad alimentaria.
Entre las funciones que actualmente tiene atribuidas la Agencia de Seguridad Alimentaria figura la vigilancia de las
resistencias antimicrobianas en los alimentos, mientras que colaboran estrechamente con la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) para la elaboración de los informes sobre el consumo de antibióticos en el marco de la estrategia One Health.
La Agencia Estatal de Salud Pública
La decisión de excluir la seguridad alimentaria ha permitido despejar algunas dudas sobre cómo será la futura Agencia de Salud Pública. El
Consejo de Ministros aprobó en agosto del año pasado el anteproyecto de ley que permitirá crear esta nueva institución, después de una década pendiente de ver la luz. Aunque su materialización sigue pendiente de que se convalide finalmente en el
Congreso de los Diputados.
La nueva institución ya cuenta con su propia dotación presupuestaria y persigue la puesta en marcha de una
Red Estatal de Vigilancia de Salud Pública que abordará tanto las enfermedades transmisibles como el impacto del cáncer, la diabetes, las patologías crónicas o los determinantes sociales vinculados a la sanidad. El proyecto se ha acelerado con la entrada en escena de
la pandemia de Covid-19.
La principal incógnita sigue radicando en
dónde se implantará la nueva sede. La estrategia de descentralización implantada por el Gobierno ha abierto la puerta a que la organización opere fuera de Madrid, lo que ha despertado el
interés de varias comunidades autónomas que aspiran a convertirse en el epicentro de esta área en España.
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