Con el objetivo de “cohesionar el país” y “revitalizar áreas despobladas”, el Gobierno puso en marcha el pasado febrero la maquinaria para la
descentralización de los nuevos organismos públicos de ámbito nacional. Un proyecto que tendrá también repercusión en Sanidad, dado que, salvo que se produzca un giro de los acontecimientos, el futuro
Centro Estatal de Salud Pública se ubicará fuera de Madrid.
Por el momento, eso sí, esta es la única infraestructura sanitaria que el Ejecutivo contempla llevar a otras regiones, según se deduce de una
respuesta parlamentaria sobre la descentralización de nuevos centros sanitarios que ha hecho pública este lunes a instancias de
Vox.
Al respecto, el Gobierno ha incidido en que continúa su curso la tramitación del anteproyecto de
Ley de Creación del Centro Estatal de Salud Pública, que ya ha cumplido el procedimiento de consulta pública previa.
Se trata del paso previo a la creación de este centro de Salud Pública que, según los planes del Ejecutivo, estará terminado este 2022.
Tal y como informó la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, el nuevo Centro Estatal de Salud Pública permitirá una
“anticipación” y mejora de la
red de vigilancia existente, que se ampliará y se conectará con las comunidades autónomas, la agencia europea HERA (Health Emergency Preparedness and Response Agency) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).
La intención del Gobierno, detalló Darias, es que el Centro Estatal de Salud Pública
esté creado por Ley este mismo 2022; un recurso que ahondará en la mejora y ampliación de las capacidades del SNS, objetivo prioritario del Gobierno de España en materia sanitaria para la presente legislatura.
¿Dónde estará el centro estatal de Salud Pública?
Por el momento, el emplazamiento de esta infraestructura es una incógnita. En las comunidades autónomas y ayuntamientos que apuesten por albergar uno de los nuevos centros de nueva creación, así como asumir su coste financiero de forma parcial o total, la administración valorará factores como e
l nivel de paro, el mercado de vivienda o el número de instituciones públicas estatales que ya tienen.
En este sentido, una
comisión consultiva interministerial analizará cada caso y elaborará un dictamen con las distintas alternativas.
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