Sanidad reformará la financiación de pacientes desplazados entre regiones

El Gobierno central se encuentra trabajando en un “desarrollo reglamentario” del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) para dar cabida al gasto sanitario que supone para los Ejecutivos regionales ofrecer asistencia a los ciudadanos de otras comunidades que requieran de esos servicios de salud. La respuesta del Gobierno llega tras las preguntas que ya hizo el Partido Popular en el Congreso de los Diputados al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que pretende esclarecer las actuaciones gubernamentales respecto al dicho mecanismo.

Concretamente, Moncloa explica que “el gasto sanitario que supone la atención sanitaria de las personas desplazadas a otras comunidades autónomas se contabiliza en el FOGA, creado como un fondo de naturaleza extrapresupuestaria, (...) para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. Actualmente, el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad que lidera Mónica García, está tratando de profundizar en el propio Fondo para lograr “el consenso necesario” y poder ofrecer dicha prestación correctamente.

Así, el Ejecutivo central pretende dar por resuelta la pregunta parlamentaria del PP, sacada a colación por las declaraciones del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el pasado mes de octubre. El presidente del Consell intervino en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado resaltando los “desajustes” que había en “el gasto sanitario extra que supone para algunos gobiernos autonómicos la atención sanitaria de los desplazados en territorios turísticos”.

Hace menos de dos meses, el 25 de noviembre, el consejero de Sanidad Marciano Gómez, declaró en los XII Encuentros de Altos Cargos organizado por Redacción Médica que esa compensación debe llegar a las arcas valencianas: “Nosotros somos una comunidad autónoma hospitalaria, con buen clima, a la que viene muchísima gente y por ello pedimos que se equilibre. Deberíamos tener una suerte de cámara de compensación, de cámara de coordinación de cartera de servicios, de formación sanitaria especializada y de financiación, ya que si yo estoy tratando a pacientes de otras comunidades autónomas como se merecen y yo estoy transferido y con presupuesto propio, lo deberían financiar”.

Mil millones para el Fogasa

En el Consell de Gobierno del pasado 30 de octubre, el Gobierno valenciano reclamó 926 millones de euros al Ejecutivo central para el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y el Fondo de Cohesión, dos instrumentos creados para compensar la asistencia a pacientes desplazados de otras regiones del Estado y contrarrestar, así, el gasto por la atención a los desplazados.

“Hay que señalar que la finalidad del FOGA es compensar el gasto que generan determinadas comunidades autónomas que, debido a su carácter turístico, atienden a una mayor población desplazada de forma temporal, como es el caso de la Comunitat Valenciana”, argumentaron entonces desde el Gobierno valenciano.

Además, desde el territorio recalcaron que desde el 2012, la puesta en marcha del FOGA ha sido “muy limitada”, perjudicando económicamente a su comunidad autónomas. “Desde el 2012 la Comunitat Valenciana adeuda 23,1 millones de euros por la atención sanitaria en Primaria, 721,3 millones en especializada y 98,9 en las derivaciones de otras comunidades con carácter programado”, justificaron.

Según confirmó la Generalitat valenciana, la partida invertida en la asistencia de los ciudadanos extranjeros que por diferentes motivos han tenido que acudir a la sanidad regional asciende hasta los 82,7 millones de euros. Se trata de una cuantía no percibida por parte del Consell y que los de Mazón reclamaron a Sánchez.

Velasco y Pastor comandan la oposición sanitaria

En ese sentido, el Grupo Parlamentario Popular, comandado por las diputadas Ana Pastor y Elvira Velasco, interpelaron al Gobierno central para conocer si el Ministerio de Sanidad impulsará algún tipo de medida que esclarezca la financiación de la asistencia sanitaria de ciudadanos desplazados.