Ciudadanos ha presentado una enmienda en el Congreso de los Diputados para la reforma de la
Ley de Eficiencia procesal de la Justicia con el objetivo de incluir una nueva modalidad de delitos entre el grupo de los asuntos que los tribunales pueden resolver mediante un
juicio rápido. Su propuesta pasa por sumar a la lista actual algunas
vulneraciones de la salud pública relacionadas con el cultivo, la elaboración o el tráfico de drogas.
La formación naranja pedirá al resto de los grupos parlamentarios que allanen el camino para que los jueces puedan aplicar esta fórmula para dirimir las denuncias enmarcadas en el inciso segundo del
artículo 368 del Código Penal. En este párrafo se contemplan los actos de “escasa entidad” relacionados con la promoción del consumo ilegal de
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Están contemplados con penas de entre
3 y 6 años de cárcel, aunque la propia jurisdicción permite reducirlas en casos leves.
En todo caso, esta reforma no aplicaría para los casos más graves en los que se haya demostrado la participación de una
organización delictiva, se emplee a
menores de 18 años o a personas con
discapacidad intelectual para el desempeño de los delitos o se haya hecho uso de infraestructuras como buques, embarcaciones o aeronaves. Todos estos preceptos figuran en otros artículos del propio Código Penal.
Juicios rápidos por delitos de menos de 5 años
La enmienda de Ciudadanos permitiría así que los casos más leves vinculados con el
cultivo y tráfico de drogas pasen a ser resueltos con un juicio rápido, un procedimiento que actualmente la Justicia aplica para una serie de delitos catalogados con menos de
5 años de prisión o con 10 años en el caso de que se hayan incoado varios supuestos de manera simultánea.
Entre las infracciones que figuran ya en la lista están los delitos de
lesiones, coacciones, amenazas, violencia física o psíquica habitual, hurto, robo, allanamiento de morada, usurpación, seguridad del tráfico o daños. Además, la formación naranja también ha incluido en su enmienda una petición para que se sumen aquellos relativos a la
propiedad intelectual e industrial reflejados en cuatro artículos diferentes del Código Penal.
Los grupos parlamentarios han presentado en total
900 enmiendas al anteproyecto de ley, entre las que también figuran otros aspectos de carácter sanitario. Una de las que ha presentado el
Partido Nacionalista Vasco (PNV) está dirigida a
suspender un juicio hasta 90 días cuando el abogado esté de
baja médica, independientemente de su ha sido hospitalizado. Mientras que también se regula la posibilidad de demorar el procedimiento por razones de
salud pública. Algo que se aplicaría por primera vez tras la experiencia de la pandemia de Covid-19.
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