El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al Real Decreto que permitirá a las comunidades autónomas tomar medidas "urgentes" tras el estado de alarma, no sin el recelo y la disconformidad de gran parte de la Cámara. No obstante, finalmente el Pleno ha convalidado el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, con 188 votos a favor, 100 en contra y 60 abstenciones. Además, se ha aprobado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con 345 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones.
Este paraguas judicial, permite a los distintos gobiernos autonómicos recurrir al Tribunal Supremo de forma "exprés" en caso de que los tribunales de cada comunidad desestimen alguna medida que afecte a los derechos fundamentales, como por ejemplo el toque de queda. Un amparo legislativo que también posibilitará la prórroga de algunas de las medidas sociales "imprescindibles" y todavía sujetas a la pandemia, como la contratación de médicos jubilados, hasta el próximo 9 de agosto, según ha explicado Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobeirno y minstra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
No obstante, la oposición a dicha medida era prácticamente unánime al considerar que el Gobierno está eludiendo su responsabilidad y obligando al Supremo a adoptar un poder ejecutivo que "no le corresponde". La mayoría de grupos opina que el Ejecutivo se ha adelantado a la hora de levantar el toque de queda, dejando así a las comunidades "indefensas" y sin las herramientas "necesarias para poder afrontar la pandemia".
Un plan "chapucero", "vacío", y "hecho con prisas" en opinión de los grupos parlamentarios, que ven en esta medida "una manera de escurrir el bulto" por parte del Ejecutivo, que "vuelve a abusar del recursos del decreto ley". "El finiquito del estado de alarma", en palabras de Josune Gorospe, representante del Grupo Parlamentario Vasco, que tilda al Gobierno de "imprudente" al "haber asumido el riesgo de posibles rebrotes" por querer pasar "de un pasado pandémico" a una "nueva pantalla de un futuro inmune". "En términos de salud pública es muy arriesgado", aseguraba la portavoz, quien, al igual que su homólogo en Ciudadanos, Edmundo del Bal, critica que no se haya tenido en cuenta las propuestas de estos grupos en este plan post-estado de alarma.
Dejar la decisión en manos del Supremo también puede suponer "un peligro en la división" de poderes, al ausmir un poder ejecutivo en estos casos "no le correspoonde". "La casación no es el instrumento adecuado para proteger la salud pública", defendía en este aspecto el Grupo Popular en el Congreso. Su portavoz Carlos Rojas no ha sido el único disconforme con el proceso legal que establece la reforma "con procedimientos de urgencia" que afectan a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y la conversión del Supremo en una "institución cogobernante de la crisis".
"Eso es mala política", ha aseverado Ana María Oramas como portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, insisitendo en la inseguridad que sufren en estos momentos las comunidades autónomas. En representación del Grupo Parlamentario Vox, Pablo Juan Calvo insistía en que los jueves no pueden sustituir al Gobierno en el ejercicio de la función ejecutiva.
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