Propuesta para paralizar el plan de cotización en estudiantes de Medicina

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado una Proposición no de Ley con el objetivo de paralizar la modificación normativa del Gobierno de Pedro Sánchez que propone que los estudiantes coticen por sus prácticas. El objetivo del partido de Pablo Casado es, según su argumentación de motivos, “garantizar la oferta de las prácticas académicas no remuneradas de los alumnos universitarios” entre los que se encuentran los de Ciencias de la Salud como Medicina o Enfermería.

Concretamente, el PP quiere eliminar la disposición quinta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, que hace referencia a la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de la realización de prácticas académicas externas no remuneradas de los alumnos universitarios de titulaciones oficiales de grado y master y alumnos de formación profesional de grado medio o superior.

Los de Pablo Casado se quejan de que no se haya consultado con la comunidad educativa y universitaria y de que su solicitud de comparecencia, tanto para el ministro de Universidades, Pedro Duque, como la de Educación, Isabel Celaá, haya caído en el olvido tras la disolución de las Cortes Generales.

“La aprobación de esta norma ha suscitado una importante controversia en el ámbito universitario no solo por la forma sino también por el fondo de la misma. La utilización de la figura de Real Decreto-ley ha hurtado a los afectados, especialmente a las universidades, la posibilidad de participar en un debate sosegado y constructivo necesario”, denuncian los populares.

Aliados de la CRUE

Entre otros, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha reaccionado contra el Real Decreto-ley del Gobierno y han emitido un comunicado alertando de que se ha fijado esta obligación «sin hablar con las universidades» y advierten que la decisión «puede acarrear serias dificultades tanto para los estudiantes, que vean mermada su oferta de prácticas, como para las universidades», que se encontrarán ante un grave problema económico difícilmente asumible.

Por otro lado, el PP se hace eco de la crítica de la CRUE a este Real Decreto-ley que «trata por igual las prácticas curriculares y las extracurriculares, olvidando que ambas tienen un carácter radicalmente distinto, sean o no remuneradas». «Las prácticas curriculares forman parte de los planes de estudios universitarios como una asignatura más: se trata, por tanto, de una actividad académica obligatoria para los estudiantes matriculados en ella, a diferencia de las prácticas extracurriculares que tienen carácter voluntario».

Los populares aseguran que es un coste "dificilmente asumible" para las universidades

Recordando que han sido las propias universidades las que han pedido “diálogo al Gobierno”, el PP recuerda la necesidad de negociar el tratamiento a las prácticas de los estudios de formación permanente y el establecimiento de un procedimiento de alta simplificado y automatizado a la Seguridad Social para los estudiantes que realicen prácticas con bonificación. El PP avala de esta forma las palabras de la CRUE que solicitaron esta mesa de negociación «con el objetivo de facilitar la nueva gestión que habrán de asumir las universidades y las entidades colaboradoras».

Como recuerdan los populares, el Gobierno calcula el coste en 74,46 millones de euros y en 534.000 los estudiantes afectados. Algo que, a su juicio, no puede ser sobrellevados por algunas universidades. Como ejemplo, los populares estiman que en las universidades de la Región de Murcia esta medida puede suponer 2,4 millones de euros para dos universidades, “lo que supone un coste difícilmente asumible, que afecta a más de 11.000 estudiantes solo en esta Región y que sin duda supone un escollo en las tan ansiadas relaciones universidad-empresa”.

De esta forma, el PP reprocha en la argumentación de su PNL que, si lo que se pretendía el Gobierno era facilitar la labor de la Inspección de Trabajo para controlar si las tareas de los estudiantes son laborales o formativas, “no parece que sea adecuado hacerlo a costa de la calidad del sistema universitario y educativo”.

“En resumidas cuentas, el Gobierno ha traído a esta Cámara una medida que no está consensuada con nadie, que no agrada a nadie (ni a sus ministros del ramo) y que además no tienen ninguna previsión sobre su puesta en marcha, repercusión económica de la misma, etc”, finaliza la crítica de los populares.