El
grupo parlamentario Esquerra Republicana ha propuesto, para su debate en la
Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Consumo, una
Proposición No de Ley (PNL) en
apoyo a los afectados de iDental. El documento, firmado por el diputado
Joan Olòriz Serra solicita, entre otros puntos, que el
Ministerio de Sanidad el que se haga cargo de las necesidades de peritaje que precisen los afectados por iDental así como de
asegurarles justicia gratuita.
La PNL, que no será la primera que se d
ebatirá en el órgano del Congreso sobre este asunto, solicita además que se tomen medidas desde el Gobierno para
mejorar los procedimientos de acreditación y supervisión de centros sanitarios así como de la publicidad sanitaria que se emita desde ellos.
En vista de las situaciones que bien actualmente muchos de los
pacientes de iDental, que se han quedado con tratamientos a medias o mal ejecutados, Esquerra Republicana quiere que
se impulse la creación de una
Oficina de Atención a los Afectados de esta clínica “con el fin de poner en conocimiento de los mismos toda la información precisa para que puedan ejercer la defensa de sus derechos en materia de consumo y sanidad ante los
organismos correspondientes”.
Salud bucodental en la sanidad pública
Por último y c
omo ya llevó adelante el grupo parlamentario Unidos Podemos, los de ERC quieren que el organismo que dirige
María Luisa Carcedo lleve a cabo las medidas necesarias para la inclusión de la salud bucodental en la cartera de servicios de la
sanidad pública.
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Unas 1.500 reclamaciones y "varios cientos de miles de afectados"
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Hay que recordar que, según información del Gobierno, en la actualidad existen casi
1.500 reclamaciones en seis Comunidades Autónomas, de las diez en las que está presente esta clínica de bajo coste. En la PNL de ERC se estima que, en Cataluña, hay alrededor de
42.000 afectados y 200.000 en la Comunidad Valenciana. En el caso de Andalucía, el grupo asegura que existen entre 80 y 90.000 pacientes víctimas de estas clínicas. Una cifra que alcanza las
22.000 personas en Murcia y las
12.000 en Aragón.
Las cifras, aportadas por los representantes de las comunidades autónomas al juez de la
Audiencia Nacional José de la Mata, podrían llegar a alcanzar a “varios cientos de miles en las catorce Comunidades en las que la compañía tenía sucursales”.
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