Los médicos de
Atención Primaria han hecho un llamamiento para cambiar las herramientas que actualmente manejan para detectar los casos de
alzhéimer entre los pacientes que todavía no han desarrollados indicios muy visibles de la enfermedad. Quieren sustituir algunos de los métodos más habituales como
el test mini-mental, que permite detectar el deterioro cognitivo, por nuevas pruebas complementarias más precisas.
Es una de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa el doctor
Enrique Arrieta del Grupo de Neurología de la
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) durante su intervención en la jornada sobre la detección y el diagnóstico temprano del alzhéimer que se ha celebrado en el
Congreso de los Diputados.
Este test permite
medir el funcionamiento de diferentes áreas del conocimiento como la memoria, la comprensión verbal, la orientación o el cálculo mediante pruebas sencillas que otorgan una clasificación por puntos, hasta un máximo de 30. Es una de las claves que los médicos de familia utilizan junto con la revisión de la
historia clínica y la
exploración física para intentar detectar de forma rápida la enfermedad pero no es suficiente.
“Es hora de jubilar al mini-mental y empezar a utilizar otros test capaces de detectar antes este deterioro cognitivo”, ha apuntado Arrieta.
El facultativo ha insistido en la necesidad de sumar a las consultas nuevas pruebas que permitan
anticiparse algo más a la enfermedad, ya que las exploraciones muchas veces detectan el alzhéimer cuando se encuentra en una fase muy avanzada.
“El deterioro cognitivo leve puede ser una característica difícil de determinar”, ha lamentado.
Más inversión pública e investigación para el alzhéimer
Su aportación se ha sumado a otras de las reivindicaciones habituales de los profesionales que trabajan habitualmente en este campo. El
incremento de la inversión pública para financiar las terapias no farmacológicas de los pacientes, el aumento de los
ensayos clínicos para buscar un remedio definitivo a la enfermedad o
la armonización de los planes autonómicos son otras de las propuestas que siguen sobre la mesa.
La doctora
Mercè Boada, del Alzheimer Center Barcelona (Fundació ACE), ha reclamado a las autoridades políticas que eleven los presupuestos para luchar contra el alzhéimer hasta los niveles porcentuales que manejan otras potencias como
Estados Unidos o
Reino Unido e incluso que se abran a nuevas vías de investigación como el
Big Data para analizar el comportamiento de la enfermedad. “Vamos a vivir más de 100 años.
Tenemos dos opciones: o nos conformamos en vivir en una sociedad que envejece o pertenecemos a una sociedad longeva de éxito”, ha apuntado.
La ponencia también ha permitido personificar la magnitud de la enfermedad entre algunos de los pacientes que forman parte del Panel de Expertos de Personas con Alzheimer (PEPA). Es el caso de
Joaquina García, una profesora que tuvo que dejar su puesto antes de cumplir los 60 años de manera forzada tras el diagnóstico. Ahora pide una detección precoz de los casos para poder frenar el deterioro cognitivo en los pacients antes de que lleguen a una fase avanzada.
“Queremos tomar decisiones en relación con nuestra enfermedad”, ha subrayado en el Congreso.
En la misma línea, ha tomado la palabra
Ildefonso Fernández, que fue diagnosticado a los
58 años cuando trabajaba como jefe de Compras en una cadena de supermercados. Entre sus reivindicaciones, reclama una
mayor pedagogía por parte de los especialistas de Neurología en sus diagnósticos o que se financien por completo las terapias. Actualmente los pacientes y sus familias hacen frente a unos costes de cerca de
30.000 euros anuales, el 80% del desembolso total que representan los tratamientos. “El único freno al avance de mi enfermedad lo encuentro fuera del sistema médico”, ha expuesto.
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