Los centros de salud de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana deberán disponer de al menos
un psicólogo para dar cobertura a la salud mental. Así se desprende de una de las
enmiendas registradas conjuntamente por los
grupos parlamentarios del gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) a la ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de 2023.
En concreto, la propuesta establece que se
garantizará la existencia de especialistas en salud mental en función del número de habitantes de cada municipio, con perfiles profesionales como psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeros o trabajadores sociosanitarios.
También se incluye la obligación de que
cada ambulatorio disponga de al menos un psicólogo clínico, en cumplimiento de las ratios mínimas recomendadas por los organismos europeos. Sin embargo, ante la imposibilidad de disponer de estos trabajadores en pequeños municipios, se prevé la posibilidad que las funciones de atención a la salud mental las asuman psicólogos generales.
Paralelamente, se propone la necesidad de garantizar un tiempo de atención adecuado que permita atajar los problemas de salud mental y se amplían las actuaciones con el objetivo de desmedicalizar los trastornos mentales comunes, impulsando la figura del psicólogo clínico en la atención primaria, priorizando los tratamientos psicológicos y añadiendo la elaboración de "protocolos antipandemia" para mantener la
atención a salud mental frente a situaciones excepcionales derivadas de crisis sanitarias.
Sin discriminación por lengua
Al margen de sanidad, otra de las enmiendas conjuntas establece que los consumidores valencianos
no podrán ser discriminados por la lengua que utilicen para dirigirse al personal de un establecimiento, así como que en ningún caso se les podrá negar la atención o recibir un servicio incorrecto por esta razón.
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