Habrá pugna en el Congreso de los Diputados por la
ley de eutanasia. E incluso en los juzgados. La plataforma Asamblea por la Vida ha acordado con PP, Vox, UPN y Foro Asturias la puesta en marcha de un plan de actuación contra esta norma, que previsiblemente será aprobada este jueves. De ser así, la norma podría terminar en el
Tribunal Constitucional.
Diputados de estas formaciones han criticado una ley que, en palabras del popular
José Ignacio Echániz, resulta “poco rigurosa” y carece de “rigor técnico, sanitario, jurídico y parlamentario”. "Hoy creamos una línea de actuación, de generación de ideas, de acción directa para dar la batalla a esta ley que tanto daño va a hacer”, ha añadido. En la misma línea,
Lourdes Méndez, de Vox, ha señalado que recurrirán la norma ante el Alto Tribunal solicitando que "no se aplique" hasta que "no se dicte sentencia" desde el Tribunal, "tal y como se ha hecho con el aborto".
Por su parte, Asamblea por la Vida llevará una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para poner en marcha un Plan Integral de Cuidado paliativos. Su portavoz,
Jaime Mayor Oreja, ha comparado la ley de eutanasia con la
"socialización del miedo" que ETA propició en su "etapa en el País Vasco" y ha explicado que ahora se "socializa el mal entre los médicos, los pacientes y las personas de una familia".
Registro de sanitarios objetores
En este clima enturbiado, la norma regresará mañana al Congreso para debatir las enmiendas del Senado, que la semana pasada dio luz verde a esta ley destinada a despenalizar la eutanasia. Esta se podrá realizar a pacientes que la soliciten y se encuentren en un contexto de
"padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable.
Este solicitante deberá tener nacionalidad española o residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses; tener mayoría de edad y "ser capaz y consciente en el momento de la solicitud". Después de la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables,
así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita". Tras ello, el paciente deberá confirmar su intención. Aún así, después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos.
Asimismo, la iniciativa recoge la creación de un
“registro de profesionales sanitarios” declarados “objetores de conciencia” a la hora de practicar la eutanasia.
La ley, rechazada por el Constitucional de Portugal
No es España el único país de la Unión Europea que se encuentra inmersa en el debate sobre la eutanasia. En la vecina Portugal,
el Constitucional tumbó el pasado lunes la ley al considerar que infringía “la inviolabilidad de la vida humana”.
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