El Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quiere saber qué está haciendo el Gobierno para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos de salud
sin necesidad de recurrir a donaciones privadas. Para ello, la diputada
Marta Sibina ha registrado en la Mesa del Congreso de los Diputados
varias preguntas para las que solicita respuesta por escrito del ejecutivo.
En la misma, Sibina expone que en los últimos meses se ha observado cómo
donantes individuales y algunas organizaciones han financiado centros sanitarios públicos, "especialmente para la renovación de aparatos diagnósticos y terapéuticos así como para la realización de obras y reformas en sus instalaciones".
Ante esta situación, el grupo parlamentario recuerda que la financiación de la sanidad se realiza desde 1999 con la recaudación de impuestos, de manera que esta
financiación debería ser adecuada y suficiente, algo que no se ha producido debido a la contracción económica y las diferentes restricciones del gasto.
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El Grupo Confederal quiere saber qué está haciendo el Gobierno para garantizar la financiación pública suficiente
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Para ejemplificar este recurso a la financiación privada señalan la
campaña de mecenazgo que el Institut Català de la Salut ha anunciado en su web para el Hospital Josep Trueta, aunque quizás las
donaciones más mediáticas hayan sido las recientes de
Amancio Ortega a la sanidad pública.
Valoración de Moncloa
Con estas circunstancias sobre la mesa, Unidos Podemos pregunta al Gobierno cómo valora que haya centros públicos que precisen de la financiación privada o
si considera necesario elaborar una normativa que garantice la financiación sanitaria adecuada y suficiente mediante impuestos para que no se soliciten aportaciones extraordinarias a la ciudadanía para los servicios públicos esenciales.
Por último, la diputada pregunta qué está haciendo el Ejecutivo para garantizar la independencia de los servicios sanitarios públicos frente a sus financiadores privados. "¿No considera el Gobierno que la financiación privada de centros sanitarios públicos puede
suponer un riesgo para la independencia y la correcta planificación sanitaria de los mismos?", sentencia el escrito.
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