Unidas Podemos ha presentado una enmienda a la
Ley sobre Bebés Robados en el Estado Español que otorgará una nueva
obligación a los médicos en las investigaciones de los casos si finalmente sale aprobada. La propuesta de la formación morada ha puesto el foco en los hematólogos y los genetistas que, con el nuevo marco legal, tendrán el rol de
comunicar sus indicios directamente a los afectados o remitirlos a las autoridades.
El grupo que conforma la coalición ha propuesto una modificación del articulo quinto de la normativa que llegó al Congreso como una iniciativa popular. En su alternativa, plantean que cuando los facultativos tengan conocimiento de que un
descendiente biológico no tiene correspondencia con sus progenitores, deberán dar cuenta a la
Fiscalía Especial sobre Desapariciones Forzadas de Menores. Si la persona es mayor de edad, el personal sanitario tendrá que comunicárselo
directamente al interesado.
Unidas Podemos también ha incorporado otras enmiendas a la
Ley sobre Bebés Robados dirigidas a exigir a cualquier funcionario público o trabajador en una entidad privada que
aporte la documentación para facilitar el acceso de las víctimas a información relevante, lo que también puede terminar repercutiendo sobre los profesionales del área de la salud. La formación morada ha justificado estos cambios con el objetivo de acabar con la “i
mpunidad de esta práctica y la colaboración entre los diferentes estamentos implicados”.
Las nuevas iniciativas forman parte de una
batería de 118 enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios para tratar de afinar el texto y desatascar la tramitación parlamentaria. Aunque la proposición de ley llegó fue admitida en la Cámara Baja en
septiembre de 2020, tres años después todavía no había concluido esta fase de incorporación de nuevos cambios. Aunque ahora desde el
Ministerio de Asuntos Sociales ya han apuntado a la necesidad de acelerar el procedimiento.
Las claves de la Ley de Bebés Robados
El objetivo de la nueva norma es dotar a las
víctimas de los casos de desaparición forzada de menores de instrumentos y recursos para hacer efectivo su
derecho a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición de estos sucesos. La definición de las víctimas y las obligaciones de los poderes públicos para facilitar la búsqueda de estos niños son algunas de sus claves.
En el campo de la sanidad, la norma facilita en su artículo 8 la
inspección de los establecimientos sanitarios, tanto públicos como privados, si se considera necesario para “introducir las garantías y procedimientos de gestión y verificación tendentes a la erradicación de las conductas constitutivas de sustracción de menores, alteración ilícita del estado civil y tráfico de seres humanos”.
Facilitar
pruebas gratuitas de ADN para las víctimas, realizar las exhumaciones necesarias para garantizar los derechos de identificación, el acceso a una
asistencia médica y psicológica para los implicados sin ningún coste económico o la puesta en marcha de indemnizaciones de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente son otras de las claves que recoge el articulado.
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