Podemos, a través del Grupo Mixto, ha registrado en el
Congreso de los Diputados una
Proposición de Ley para “garantizar el carácter público de los servicios, centros y establecimientos sanitarios que integran el Sistema Nacional de Salud (
SNS)” y acabar, así, con la “
privatización funcional” a la que, según los morados, aboca la Ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del SNS. En la propuesta, a la que ha tenido acceso
Redacción Médica, se incluye una disposición transitoria única para que ni los convenios de “gestión indirecta” de la sanidad pública -como encomiendas de gestión y concesiones de obras y servicios-, ni los protocolos de actuación de los
hospitales privados vinculados al SNS puedan renovarse una vez concluya su vigencia en caso de que la ley entrara en vigor.
Tal y como anunció la semana pasada la coportavoz del partido
María Teresa Pérez, la intención de los de
Ione Belarra es derogar la citada ley de 1997, que, “entre otros efectos, ha servido de paraguas a modelos de
gestión indirecta del servicio público de asistencia sanitaria a través de empresas privadas”. Además, según Podemos, esa normativa “no vino avalada por la evidencia empírica” y su aplicación “no ha sido óptimamente evaluada por las Administraciones Públicas”. “Diversos informes y estudios independientes permiten concluir que
la gestión privada desvirtúa el carácter público de la asistencia sanitaria y socava el interés general”, reza la exposición de motivos.
En la misma línea, también se apuesta por derogar todo marco normativo que ampare la gestión indirecta de la sanidad pública, a saber, el Real Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Insalud, varios artículos de la
Ley General de Sanidad de 1986 y "cuantas disposiciones de igual o inferior rango" se opongan a la propuesta de Podemos.
En la fuerza morada defienden que
la sanidad pública “no puede ser objeto de negocio”, sino que, por el contrario, “encarna un sentido de ciudadanía democrática que debe orientar a las instituciones para trabajar en su defensa y mejora continua”. En este sentido, su Proposición de Ley busca “consagrar el carácter común, ordinario y preferente de la modalidad de gestión pública directa con la finalidad de asegurar
la equidad y la calidad del sistema sanitario público”.
Plan de desprivatización sanitaria en las CCAA
Podemos otorga a las comunidades autónomas la obligación de “llevar a cabo
procesos de desprivatización a fin de revertir la gestión indirecta de cualesquiera servicios, centros y establecimientos sanitarios en el marco del ordenamiento jurídico”. Es más, en la propuesta se establece que “en ningún caso” los servicios que ya se estén gestionando de forma directa en el marco del SNS podrán prestarse “mediante concierto, convenio o cualquier otra fórmula”. Serán, además, las regiones las que determinen “las formas jurídicas y organizativas de gestión pública directa” que adopten sus respectivos servicios de salud.
También se indica que el
Consejo Interterritorial del SNS podrá “emitir recomendaciones” para “facilitar los procesos de desprivatización”, al respecto de lo cual “los órganos competentes” de las comunidades autónomas habrán de publicar “información accesible y comprensible” sobre las modalidades de gestión empleadas en sus sistemas, “incluidos los conciertos y convenios que se encuentren en vigor al momento de entrada en vigor de la presente norma”.
Eliminación del modelo de mutualidades
Los de Belarra no se olvidan de una de sus antiguas reivindicaciones, la
extinción del modelo de mutualidades, y han añadido a su Proposición de Ley una disposición adicional en la que se establece que la atención sanitaria al personal de nuevo ingreso incluido en
Muface, además de en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) y la Mutualidad General Judicial (Mugeju) “será prestada directamente por los Servicios Públicos de Salud del SNS, sin que pueda ser facilitada por concierto con otras entidades o establecimientos privados”.
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