Podemos lleva a Europa la objeción de conciencia que no logró en España

Podemos rescata un propósito inconcluso de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. En un programa sanitario basado en la defensa del sistema público frente a su “privatización”, en el acceso universal y en la importancia del factor social y de autonomía del usuario, la candidatura encabezada por Irene Montero ha tirado de la antigua agenda de su etapa en el Gobierno en determinados aspectos como el derecho al aborto, al respecto de lo cual se compromete a regular la objeción de conciencia, a pesar de que la exministra de Igualdad no lo consiguió cuando ostentaba la titularidad del departamento.

El partido progresista no dedica en su programa electoral para las elecciones europeas un apartado específico a medidas o promesas sanitarias, sino que incluye junto a las referentes a educación, inclusión y dependencia. La única alusión a propuestas que afecten directamente a los profesionales sanitarios es la de la regulación de la objeción de conciencia en relación a la “inclusión del derecho al aborto, así como el derecho a la salud sexual, la salud menstrual y la salud reproductiva en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

Al respecto se destaca que el reconocimiento del derecho al aborto “debería implicar que sea seguro, libre y gratuito”, y que se practique en “los centros de los sistemas públicos de salud”. Además de normativizar la objeción de conciencia, Podemos se compromete a impedir “el acoso a las mujeres y a quienes realizan de forma profesional dicha práctica médica”.

El Congreso de los Diputados aprobó el 16 de febrero de 2023 la reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo en esa línea. La propia Montero, por entonces ministra de Igualdad, había explicado previamente que uno de sus objetivos con ese cambio normativo era asegurar que “en todos los hospitales públicos” españoles hubiera “personal suficiente para practicar interrupciones voluntarias del embarazo, respetando, por supuesto, el derecho de objeción de conciencia”.

No obstante, fuentes del Instituto de las Mujeres, organismo que depende de la cartera de Igualdad, aseguraron a Redacción Médica que la revisión de la ley “no especifica que en todos los servicios públicos se practique la interrupción voluntaria del embarazo”, sino que tan sólo garantiza que se facilite el acceso a ello. Esas mismas fuentes matizaron que mismas fuentes que “la objeción de conciencia se regula como un derecho individual de cada profesional sanitario, que debe manifestarse con antelación y por escrito”. Aunque se anunció la creación de un registro de objetores de conciencia cuya elaboración aún se espera.

Gestión pública directa, farmacéutica pública y salud mental

En cuanto al resto del programa europeo de Podemos, el partido liderado a nivel nacional por Ione Belarra apuesta por derogar “la normativa que permite la privatización de centros y servicios sanitarios en todo el territorio comunitario” para apoyar, en su lugar, la “gestión pública directa de los centros y recursos sanitarios”, algo ya contemplado en su Proposición de Ley registrada en el Congreso para derogar la Ley 15/1997 y, así, acabar con la “privatización funcional” del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En esa línea, aboga por impulsar medidas que aseguren la “garantía europea de cobertura sanitaria universal” independientemente de dónde vivan los usuarios, “de su situación laboral o de cuándo hayan salido de su Estado de origen”. Además, dentro del paquete de servicios básicos para la “cohesión territorial”, promueve una atención sanitaria a domicilio “de calidad” en los casos en los que no sea posible contar con un centro de salud en un territorio específico.

El partido morado también se compromete a legislar para “poner fin al abuso de la industria farmacéutica” apostando por “una farmacéutica pública europea” con la que, entre otras cosas, se “impongan un tope a los precios de los productos farmacéuticos” para evitar su “encarecimiento” y “poner fin a los beneficios extraordinarios de la industria farmacéutica”. Se trata de un paso más de la Farmacia público-privada cuya creación aprobó en marzo el Consejo de Ministros.

Además, Podemos quiere promover la suspensión de las patentes para “garantizar que las vacunas y las tecnologías sanitarias estén reguladas para el bien común” y evitar la “especulación sanitaria” creando un Tratado Internacional que “suspenda las restricciones de acceso a medicamentos, material médico y vacunas”.

El programa de los de Irene Montero incluye la articulación de una Ley europea Integral de Salud Mental, el impulso de programas contra la estigmatización y la discriminación por el VIH y un cambio en el modelo de cuidados, “apostando por infraestructuras y equipamientos centrados en la persona y en la atención en entornos comunitarios”.

Finalmente, se busca que la Unión Europea “recomiende a los Estados miembro incluir en sus carteras de servicios la cobertura, al cien por cien, de la atención a la salud bucodental, oftalmológica y auditiva, así como la fisioterapia”, algo ya planteado, en parte, en su programa electoral para las pasadas elecciones generales del 23J y que, del mismo modo, tiene previsto el Ministerio de Sanidad, que ya avanzó que prevé que la gratuidad de gafas y lentillas sea una realidad en 2025.

¿Qué representación tendrá Podemos en la Eurocámara?

En la última encuesta preelectoral del CIS, Podemos se situaba como quinto partido en intención de voto en las elecciones a la Eurocámara, con una cuota del 3,8 por ciento, lo cual le otorgaría entre dos y tres eurodiputados.

Teniendo ello en cuenta, la única candidata con perfil sanitario de la fuerza progresista que conseguiría escaño sería la propia Montero, con formación en Psicología. Se quedarían fuera del Parlamento europeo, por tanto, la médica Amparo Botejara, actual responsable del área estatal de Sanidad de Podemos; y Mercedes Pérez, que fue vocal del partido en la Comisión de Sanidad del Congreso y también ejerció la portavocía adjunta, pero sólo durante los escasos meses que duró la XIII legislatura.