Unidas Podemos ha presentado su documento de conclusiones sobre la regulación del
cannabis para uso medicinal en España. La formación morada ha fijado como condición indispensable que los preparados se faciliten mediante una
prescripción médica, aunque sí que ha abierto la fuera a que se pueda ofrecer
fuera de la red de farmacias.
“Se recomienda su dispensación por medio de la red de farmacias, sin perjuicio de que
otros comercios también puedan obtener licencias de dispensación”, reza el documento trasladado a la Mesa de la
Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, al que ha tenido acceso
Redacción Médica.
El grupo parlamentario ha incidido en que los pacientes con
esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, endometriosis, estrés postraumático y el dolor crónico no oncológico (incluido el dolor neuropático) son algunos de los potenciales beneficiados de la regulación del cannabis medicinal, aunque ha emplazado este debate a la publicación de nuevos estudios de investigación sobre su
“utilidad”.
“Se han de explorar fórmulas que permitan la disponibilidad en el mercado farmacéutico de extractos, preparados estandarizados o las sumidades floridas del cannabis que hoy no tienen una autorización de comercialización para poder
dar respuesta a aquellos pacientes a los que se les prescriba a través de los canales establecidos”, recoge su propuesta.
Una industria pública para el cannabis medicinal
Otra de las claves de su propuesta es que Unidas Podemos apuesta por desarrollar una
industria pública para el suministro de cannabis medicinal que dote al sistema de estabilidad y de seguridad. Esta iniciativa persigue además evitar que el nuevo mercado se vea condicionado por los
“intereses económicos” privados.
El grupo que integra el Gobierno de coalición ha propuesto además que sea la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) la que se encargue de las labores de inspección y control sobre esta nueva vía terapéutica para asegurarse de que se respeta la
Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos aprobada en el año 2015.
Para poder facilitar su integración en el Sistema Nacional de Salud (SNS), el área que coordina
Rosa Medel ha apostado por promover la
formación entre los médicos, así como establecer un
registro centralizado de los pacientes a partir de los datos de cada servicio autonómico. Aunque la información deberá utilizarse siguiendo los principios del derecho a la intimidad y de la privacidad para evitar el riesgo de una “estigmatización” de los enfermos.
Unidas Podemos ha argumentado además que esta regulación flexibilizará el acceso al cannabis en “
detrimento de las mafias y redes criminales” que actualmente operan en el mercado negro de producción y distribución ilegal.
El Congreso supervisará el plan 10 años
Este plan deberá ser supervisado de manera anual por la Comisión de Sanidad del Congreso durante
un periodo de al menos diez años. Mientras que el Gobierno se encargará de elaborar un
informe sobre el consumo de cannabis en grupos sociales como la población adolescente y adulta para tratar de identificar indicios de un uso intensivo o problemático.
La propuesta de Unidas Podemos llega apenas unos días de que el
Partido Socialista también formalizase su propia iniciativa. Entre los puntos en común, destaca la obligación de que el cannabis medicinal se prescriba mediante una
receta médica, aunque diverge en la posibilidad de llevarlo fuera de las farmacias.
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