La
Comisión de Sanidad del Congreso debatirá en futuras sesiones sendas Proposiciones No de Ley (
PNL) registradas por cada uno de los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición, ambas vinculadas a los problemas asociados a la
mayor longevidad poblacional. En el caso de
Sumar, el grupo plurinacional aboga por elaborar un
Plan de Atención Integrada que articule “una estrategia sólida” para coordinar los sistemas sanitario y social, basado en “un enfoque centrado en las personas y garantizando una atención integral y continua”. En cuanto al
Grupo Socialista, busca apoyos para que se potencie la
diálisis domiciliaria como “objetivo prioritario” en el abordaje de la Enfermedad Renal Crónica.
La apuesta por la
atención integrada sociosanitaria es una vieja reivindicación de Sumar. El ahora portavoz adjunto en la Comisión de Sanidad del grupo parlamentario,
Rafael Cofiño, defendió en declaraciones a
Redacción Médica ese modelo: “La parte social tiene que tener un peso cada vez más importante en cuanto al cuidado del paciente”, resumió en diciembre de 2023. En esa línea, los de
Yolanda Díaz defienden en su PNL que “no se puede entender la salud individual únicamente desde la perspectiva de la relevancia del sistema sanitario, sino que debe atenderse a la importancia de los cuidados sociales y comunitarios desde el nacimiento hasta la muerte”.
El partido cita datos de la
OCDE y del Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas Sanitarios para destacar lo siguiente: la población española de 65 y más aumentó del 16,5 por ciento en 2000 a más del 20 por ciento en 2020. “Según las proyecciones, esta cifra aumentará hasta superar el 33 por ciento de aquí a 2050”, añade. Y no es ningún secreto que, a mayor esperanza de vida, hay mayor convivencia con
enfermedades crónicas y pluripatologías.
Mejor coordinación entre los servicios sanitarios y los sociales
En ese contexto, lamenta que, dada la “compleja”
coordinación entre los servicios sanitarios y los sociales, “existe muchas veces una fragmentación en las tareas que se realizan”, lo cual “hace que las personas con problemas se pierdan y se desorienten en un intrincado proceso asistencial o en el momento de solicitar determinadas prestaciones”: “Esta fragmentación puede suponer ineficiencia y desigualdad en la atención, consiguiendo una inequidad en el acceso a los
cuidados sociosanitarios”, agrega, ante lo cual propone “dar un paso más allá de la coordinación sociosanitaria y avanzar en la Atención Integrada”.
La
Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2023 definió la Atención Sociosanitaria como “aquella que comprende el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”.
Para poner ese modelo en marcha, en Sumar, aparte de elaborar un plan específico entre los ministerios con competencias, las comunidades autónomas y el tercer sector y la sociedad civil, propone medidas para fortalecer la “orientación comunitaria y sociosanitaria” de la
Atención Primaria, impulsar la “participación activa y vinculante” de la sociedad en el diseño de políticas de atención integrada con “financiación suficiente” y promover la innovación tecnológica y organizativa, “orientada a simplificar los procesos de atención, reducir la fragmentación de servicios, reforzar la interoperabilidad y coordinación entre las administraciones y con el tejido asociativo”.
Enfermedad Renal Crónica como "problema de salud pública"
En el caso de la PNL socialista sobre la diálisis domiciliaria, el grupo parlamentario indica que la
Enfermedad Renal Crónica (ERC) “se ha convertido en un grave problema de salud pública, con un preocupante crecimiento en los últimos años en España y en todos los países de nuestro entorno, asociado en parte al aumento de la longevidad y la esperanza de vida de la población”.
El PSOE indica que, según datos de 2022 de la
Sociedad Española de Nefrología, “en España, el estudio Epirce halló en 2010 que la ERC afecta aproximadamente al 10 por ciento de la población adulta española y a más del 20 por ciento de los mayores de 60 años”, y que, “más recientemente, el análisis de la información recogida en el estudio Enrica-Renal ha situado la prevalencia de la ERC en el 15,1 por ciento, por encima de la estimada por The Global Kidney Health Atlas para España”.
Frente a ello, los socialistas defienden la diálisis domiciliaria por su “impacto clínico muy positivo”, con menor
tasa de hospitalizaciones y visitas a los servicios de Urgencias, menor número de infecciones y mejores resultados tras el trasplante, además de porque la supervivencia del paciente es “mejor, al menos en los primeros tres o cuatro años”, comparado con la hemodiálisis en centro sanitario.
También supone más calidad de vida, “una mejor
conciliación de la vida laboral y familiar”, más allá de que los tratamientos domiciliarios conllevan menos costes -entre 30.000 y 50.000 euros al año por paciente frente a los 70.000 euros de la
hemodiálisis-. Por último, dice el PSOE que la diálisis domiciliaria tiene un menor impacto ambiental.
Por todo ello, insta el PSOE al Gobierno a fijar en el periodo 2025-2027 “metas concretas” de aumento de las personas que inician diálisis en sus domicilios. También pide “incorporar la equidad como criterio en la creación de las unidades de diálisis domiciliarias necesarias”, además de “avanzar en el establecimiento de sistemas de acreditación y certificación de calidad en las consultas de
Enfermedad Renal Crónica Avanzada”. Finalmente, propone que se desarrollen campañas de concienciación “para informar y sensibilizar a los pacientes sobre los beneficios de los tratamientos renales sustitutivos domiciliarios”.
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