Plan B en Bruselas para ajustar el coste de la directiva de aguas a pharmas

Bruselas estudia fórmulas que palíen los efectos de la decisión de la Comisión europea de no revisar la directiva de aguas residuales urbanas, lo cual impacta directamente sobre la industria de los medicamentos genéricos dado que se mantienen cargas económicas que, denuncia el sector, comprometen la viabilidad de estos fármacos. Desde el Partido Popular alumbran dos vías, ambas dirigidas a que esta imposición no recaiga solo sobre las ‘pharmas’ para que puedan disponer de más margen.

Fue el pasado lunes cuando el Ejecutivo europeo anunció su decisión de no incluir la revisión de la directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (UWWTD, por sus siglas en inglés) en el llamado paquete ómnibus ambiental. Se trata, esta última, de una iniciativa legislativa para simplificar y racionalizar el marco normativo ‘verde’ de la Unión.

La Comisión apeló, entre otros factores jurídicos y estratégicos, al concepto de ‘quien contamina paga’, y apuntó a los resultados de un reciente estudio sobre costes y repercusiones del sistema de Responsabilidad Ampliada del Productos (RAP). En base a este informe, el Ejecutivo dictaminó que el esfuerzo económico que conlleva la eliminación de residuos no es tan “desproporcionado” para la industria como para justificar una revisión legislativa. Eso sí, avanzó su intención de seguir examinado este impacto y apoyando a los Estados miembros para evitar “consecuencias no deseadas” en la disponibilidad y accesibilidad de fármacos.

El debate tiene eco en el Parlamento europeo, donde no existe consenso acerca de esta decisión de no revisar la directiva de aguas residuales urbanas. En este escenario, fuentes del Partido Popular, que recuerdan que su grupo en Europa “defendió incluir la directiva en el paquete ómnibus que se ha aprobado”, inciden en que en estos momentos manejan dos vías principales de actuación para tratar de reconducir el problema.

La primera de ellas pasa por solicitar que el reparto de los gastos de filtración de las aguas para eliminar las sustancias químicas acumuladas “sea a cargo de todas las industrias que están involucradas, no solo la farmacéutica”. Y, por otro lado, el PPE ha pedido a la Comisión una repetición del estudio sobre las moléculas que hay y de dónde vienen, de forma que “haya una suspensión de la aplicación de la nueva directiva de Tratamientos de Aguas Residuales”.

“En esta línea vamos a seguir trabajando en una problemática que no solo afecta a la industria, también es un problema económico para los municipios, por ejemplo”, zanjan.

La industria denuncia "debilidades" en la postura de la Comisión

También la industria ha levantado la voz contra la postura de la Comisión. Desde España, la Asociación de Medicamentos Genéricos (Aeseg) ya advirtió de que el actual diseño de la directiva “impone cargas desproporcionadas y discriminatorias sobre el sector farmacéutico”, especialmente sobre los medicamentos genéricos, “poniendo en riesgo su viabilidad comercial y el acceso equitativo a tratamientos esenciales”. Farmaindustria, por su parte, tildó de “arbitraria” la postura de Bruselas al “responsabilizar únicamente a las industrias farmacéutica y cosmética de los costes del tratamiento de aguas residuales urbanas”. “Socava la ambición del Pacto Verde y no incentivará a otros sectores a reducir los microcontaminantes”.

Fuentes de Farmaindustria indicaron recientemente a Redacción Médica que el citado estudio sobre los costes y repercusiones de la RAP “presenta importantes debilidades, como la falta de transparencia, dado que se desconoce el origen de los datos utilizados y no se ha consultado a los sectores afectados por la Directiva".

Además, critican que el enfoque sea "limitado", ya que se centra en los efectos de la inflación para recalcular costes, sin evaluar el impacto real de la Directiva en el sector farmacéutico ni en los medicamentos de uso humano.