Piden que la opinión médica esté en los planes contra la violencia machista

La propuesta de ley realizada por Podemos quiere que los sanitarios jueguen un papel esencial para erradicar esta lacra

Diputadas de Podemos cuando registraron la ley en el Congreso de los Diputados, el pasado mes de julio.

17 oct 2018. 17.20H
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POR REDACCIÓN
Los detalles de la Ley que presentó Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, con la que querían dar nuevos poderes al médico contra los delitos sexuales, han salido a la luz. Según viene recogido en dicha norma, "los servicios sociosanitarios, así como los organismos de igualdad, orientarán y valorarán los programas y acciones que se lleven a cabo y emitirán recomendaciones para su mejora".

La norma, bautizada como la Ley de Protección Integral de la libertad sexual y para la erradicación de las violencias sexuales, recoge una batería de ayudas y recursos para las personas que acrediten haber sufrido este tipo de abusos.

"Se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario"


Por ello, recoge la ley, las administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, “deberán promover e impulsar actuaciones de las personas profesionales sanitarias para la detección precoz de las violencias sexuales y propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencias”.

En particular, prosigue, “se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar la detección precoz, la asistencia y la rehabilitación de las mujeres en las situaciones de violencia sexual a que se refiere esta Ley”.

Estas medidas se suman a las que ya adelantó Redacción Médica referidas a la acreditación de las agresiones machistas. En este punto, los médicos adquieren un nuevo y trascendental papel. La ley recoge también, en su artículo 28, que la certificación o informe de los servicios sanitarios de la Administración pública o el dictamen de un profesional de Atención Primaria o de centros de Salud Mental servirá para atestiguar que una persona ha sido víctima de violencia sexual, con lo que podrá acceder a los servicios y ayudas que recoge la norma con la mera presentación de este documento.

Ahora la proposición de ley deberá de ser tramitada y debatida en el seno del Congreso de los Diputados para ver si consigue los votos suficientes para su aprobación.

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