Los detalles de la Ley que presentó
Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, con la que querían dar nuevos poderes al médico contra los delitos sexuales, han salido a la luz. Según viene recogido en dicha norma, "los servicios sociosanitarios, así como los
organismos de igualdad, orientarán y valorarán los programas y acciones que se lleven a cabo y emitirán recomendaciones para su mejora".
La norma, bautizada como la
Ley de Protección Integral de la libertad sexual y para la erradicación de las violencias sexuales, recoge una
batería de ayudas y recursos para las personas que acrediten haber sufrido este tipo de abusos.
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"Se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario"
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Por ello, recoge la ley, las
administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, “deberán promover e impulsar actuaciones de las personas profesionales sanitarias para la detección precoz de las violencias sexuales y propondrán las medidas que estimen necesarias
a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencias”.
En particular, prosigue, “se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar la detección precoz, la asistencia y la rehabilitación de las mujeres en las situaciones de
violencia sexual a que se refiere esta Ley”.
Estas medidas se suman a las que ya adelantó
Redacción Médica referidas a la acreditación de las agresiones machistas. En este punto, los médicos adquieren un nuevo y trascendental papel. La ley
recoge también, en su artículo 28, que la certificación o informe de los servicios sanitarios de la Administración pública o el dictamen de un profesional de
Atención Primaria o de centros de
Salud Mental servirá para atestiguar que una persona ha sido víctima de violencia sexual, con lo que podrá acceder a los servicios y ayudas que recoge la norma con la
mera presentación de este documento.
Ahora la proposición de ley deberá de ser tramitada y debatida en el seno del
Congreso de los Diputados para ver si consigue los votos suficientes para su aprobación.
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