El
Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a su informe sobre el
Pacto por la Ciencia y la Innovación, que incorpora una batería de propuestas para mejorar las condiciones laborales de los investigadores. Una de las claves es la creación de una nueva modalidad de
contrato indefinido aplicable a todos los campos del conocimiento, lo que facilitaría reducir la “precariedad” en el sector.
Los grupos han coincidido en que esta nueva fórmula jurídica permitiría dotar de estabilidad al personal inmerso en líneas de investigación ya definidas porque su situación personal ya no estaría sujeta a los “límites de la
oferta de empleo público ni las tasas de reposición”, de acuerdo al documento de 54 páginas de extensión al que ha tenido acceso
Redacción Médica.
El texto ha recogido las aportaciones de los comparecientes en la subcomisión de Ciencia desde el mes de
marzo de 2021, cuando se activó este espacio parlamentario que se ha citado hasta en seis ocasiones. El documento de consenso ha salido adelante gracias a los votos a favor del
Partido Socialista, Unidas Podemos y Ciudadanos, mientras que el
Partido Popular y Vox se han abstenido.
Más allá de este nuevo marco de contratación general, el informe también se ha detenido en concreto en una serie de iniciativas para mejorar la situación del personal de investigación que trabaja en el
Sistema Nacional de Salud (SNS), como la modificación de la
Ley de Investigación Biomédica de 2007 para facilitar que las administraciones públicas incorporen a los científicos de manera “estable”.
Los diputados también han apoyado que se garantice el
“reconocimiento” del tiempo trabajado por el personal sanitario en contratos de investigación vinculados a la labor asistencial a la hora de acceder a un
proceso selectivo de plazas. Mientras que se ha hecho un llamamiento para que se permita tener “una carrera profesional en función de sus méritos” y se facilite la
movilidad de los analistas.
La inversión en I+D+i llegará al 1,25% del PIB
El informe sobre el Pacto de Ciencia también ha servido para materializar algunos objetivos generales más ambiciosos como la voluntad de llevar la inversión pública en I+D+i hasta el
1,25 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país de aquí al año
2030, lo que supondría prácticamente el doble de la financiación actual que es del 0,59 por ciento. Los diputados han apostado por modificar la Ley de Ciencia para incluir esta nueva meta que viene fijada desde la
Comisión Europea.
“Este es un objetivo de mínimos ampliamente consensuado entre todos los actores económicos, sociales y políticos, convergiendo también en la distribución de la inversión de I+D+i entre el sector público y el privado”, reza el informe.
Los grupos parlamentarios también han sellado otra serie de compromisos como establecer un
nuevo itinerario científico postdoctoral con un contrato de hasta seis años de duración en las universidades. Al tercer año, se abriría la posibilidad de obtener un certificado que facilitará la
consolidación de plazas de carácter permanente tanto en organismos públicos como en centros académicos.
Las
indemnizaciones en los contratos postdoctorales, la equiparación de derechos de
l personal técnico, las acciones de promoción del talento, la reducción de la carga de trabajo o el impulso de medidas para
alcanzar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres son otras de las ideas que han fijado en el Congreso.
“La crisis sanitaria por la pandemia de la Covid-19 ha demostrado que
la I+D+i es esencial para poder reaccionar con éxito a los desafíos futuros y predecir las posibles consecuencias del cambio climático o aquellas resultantes de desastres naturales”, han apuntado en el informe.
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