El futuro sobre el
modelo de Muface se debatirá en el
Congreso de los Diputados. Vox ha presentado una Proposición No de Ley en la Comisión de Hacienda y Función Pública con el objetivo de
blindar las mutualidades sanitarias de los funcionarios. La maniobra obligará a todos los grupos a posicionarse en un momento marcado por las discrepancias sobre la continuidad de este sistema entre los dos partidos de la
coalición del Gobierno.
La iniciativa parlamentaria persigue
“garantizar la continuidad” del mutualismo entre todos los funcionarios públicos de la Administración General del Estado (AGE), a la par que impulsar mejorar en sus mecanismos a través de la
“colaboración público-privada en el ámbito de la prestación sanitaria”. Mientras que abre la puerta a explorar las “modalidades administrativas que resulten más convenientes” para llevarlo a cabo.
Vox ha justificado la presentación de la proposición ante los
“ataques” que, a su juicio, a recibido el modelo durante los últimos años. La formación ha cuestionado algunas decisiones del Gobierno como la aprobación del
Plan de Acción para la Transformación del SNS tras la era Post-Covid-19, en el que ya se abría la puerta a abordar la
financiación del sistema de Muface.
“El modelo de mutualismo administrativo, como mecanismo de cobertura sanitaria, social y asistencial de los funcionarios públicos del Estado,
ha probado ser muy útil y efectivo. Por ello, tras casi 45 años de funcionamiento eficaz, no parece razonable que siga siendo
objeto de sospecha y que su estabilidad se vea comprometida”, reza la PNL.
La proposición, firmada por
12 diputados de la formación, ha defendido que la integración de las mutualidades sanitarias permite al Sistema Nacional de Salud (SNS) que se mantenga “equilibrado” y que obtenga “óptimos resultados”.
“Las mutualidades son un verdadero ejemplo de gestión eficiente: no generan déficit y benefician a todos”, han agregado.
Paralelamente, Vox ha advertido que una potencial eliminación de las mutualidades se traduciría en una
“pérdida de puestos de trabajo” entre los médicos o enfermeros que prestan sus servicios en este sector. “La actividad asistencial que requiere el colectivo mutualista de España impacta directamente sobre más de
43.000 profesionales sanitarios que desarrollan su actividad en el ámbito privado”, han apostillado.
Pugna por las mutualidades en el Gobierno
Esta nueva iniciativa llegará a la Cámara Baja en un momento en el que las posiciones en el Gobierno de la coalición continúan enquistadas. Unidas Podemos ya se mostró muy crítica con los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque contaban con una partida de
2.906 millones de euros para sufragar el gasto de las mutualidades, un 1,5 por ciento por encima del año anterior. Algo que consideran que
no responde a los “problemas reales” de la sanidad pública.
Sin embargo, desde la bancada socialista descartaron cualquier posible modificación de las cuentas públicas e insistieron en que
Muface, Isfas y Mugeju eran “integrantes” del Sistema Nacional de Salud (SNS) en calidad de
“entidades gestoras” de la Seguridad Social. La discrepancia no llegó a plasmarse en las enmiendas de los PGE, por lo que sus posturas
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