Nuevo impulso parlamentario al médico de prisiones como agente de autoridad

El 'estatus' de los médicos y enfermeros de prisiones como agentes de autoridad ha recibido un nuevo impulso. Al menos, en sede parlamentaria. Y es que si el pasado mes de junio el Congreso de los Diputados aceptaba tramitar la Proposición de Ley del PSOE en este sentido, este martes la Cámara Baja ha dado su 'ok' a la propuesta impulsada por el Partido Popular con 295 votos a favor de los 346 emitidos. 

Como ya hiciera José Luis Aceves en su defensa de la consideración de los médicos de prisiones como agentes de autoridad, la diputada popular, Llanos de Luna Torraba, ha señalado la intención de su grupo de "reforzar" uno de los pilares básicos de las cárceles españolas como son los funcionarios de prisiones. En este sentido, ha destacado el "objetivo primordial" de la iniciativa, que no es otro que "velar por su integridad física y su salud". "Gran parte de los reclusos padecen problemas de salud mental y adicciones, lo que complica aún más el trabajo de los funcionarios", ha remarcado de Luna.   

"He de resaltar que hace una semana, el secretario general de Instituciones Penitenciarias dijo que creía que era positivo y necesario este reconocimiento", ha remarcado la diputada popular, llamando la atención de la "urgencia" de aprobar esta condición de agentes de autoridad y la "debilidad parlamentaria" del Congreso al haber ampliado en repetidas ocasiones una proposición en este sentido remitida por el Senado. 

"Este reconocimiento supone que, si reciben una agresión, puedan ser indemnizados como contempla el Código Penal", ha resaltado la diputada, que ha cerrado su intervención mostrando su "reconocimiento a su trabajo ejemplar, también durante la pandemia de Covid-19", cuando adquirieron un mayor protagonismo los profesionales sanitarios que trabajan en las cárceles españolas. 
En la Proposición de Ley Orgánica registrada por los populares, de modificación de la Ley General Penitenciaria, se hace hincapié en que "debe ser objetivo primordial de la Administración penitenciaria velar por la vida, integridad física y salud tanto de los funcionarios de prisiones como de los internos, así como por sus derechos e intereses jurídicos". Además, se subraya la necesidad de "seguir desarrollando nuevos procedimientos de prevención dirigidos a obtener espacios de convivencia más seguros, al tiempo que se promueven tratamientos o terapias dirigidas a favorecer la reeducación e integración social de los reclusos, junto con la atención sanitaria que se presta por profesionales del medio destinada a cuidar de su salud física y mental".

Agresiones a los sanitarios españoles

Las agresiones, que se repiten a diario en los centros de salud y hospitales españoles, también son frecuentes en las cárceles españolas, tal y como remarcan los populares en su iniciativa. "La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias cifró en 508 las agresiones a funcionarios durante el año 2023, un número de agresiones récord que supone un incremento del 12 por ciento con respecto a 2022", resaltan en su texto, advirtiendo de que "resulta imprescindible establecer iniciativas eficaces para la prevención y actuación ante las agresiones que sufren los citados funcionarios en su interacción con los internos en el desempeño de su actividad profesional". 

La violencia que sufren los sanitarios españoles en su desempeño es un problema capital para los populares. Tanto es así que, recientemente, tal y como adelantó Redacción Médica, han registrado en las Cortes Generales una Ley de violencia en el ámbito sanitario en la que reclaman un registro nacional de actos de violencia, apoyo psicológico y facilidades a la movilidad laboral.

Por todo ello, desde el PP instan a modificar el artículo 80 de la citada ley para que los funcionarios penitenciarios tengan "a todos los efectos legales" el carácter de agentes de la autoridad.

Apoyo parlamentario a los médicos de prisiones

Por su parte, Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria, ha avanzado su apoyo "sin ambages" a la iniciativa pese a considerarla insuficiente. "Esta medida no es la solución a los muchos problemas de los trabajadores de prisiones", ha remarcado, haciendo hincapié en temas como "la atención a la salud mental, algo que no se está produciendo de la manera adecuada en las prisiones españolas, con carencia de médicos y enfermeros para el abordaje adecuado en espacios donde la salud mental es una cuestión crítica para las personas presas y los trabajadores". Esto, según ha asegurado, lleva a "situaciones peligrosas porque el suministro de medicamentos sin la ratio necesaria genera mucha tensión" y a una situación de "precariedad"agravada por las jubilaciones de profesionales que no se han cubierto. 

"La atención a la salud mental, algo que no se está produciendo de la manera adecuada en las prisiones españolas, con carencia de médicos y enfermeros", advierte Cristina Valido

Mikel Legarda, diputado del PNV, también se ha mostrado partidario de la propuesta popular y ha recordado que se ha debatido hasta en cuatro ocasiones esta consideración sin que se haya desarrollado la iniciativa. Especial mención ha hecho a la propuesta del PSOE, cuyo trámite de enmiendas ha concluido y está a la espera de los trabajos de Ponencia y Comisión. 

Desde EH Bildu, Jon Iñarritu ha advertido que las prisiones son un reflejo de la sociedad. "Un 30 por cierto de los internos tienen problemas mentales", ha destacado el diputado, advirtiendo que "no se da solución al problema". "Habría que poner el foco en las carencias en salud mental" de las prisiones españolas, ha remarcado, advirtiendo de su voto en contra de la iniciativa. Tampoco ERC se muestra favorable de la propuesta, con la que puede haber más casos de "abusos de poder", ha considerado Álvaro Vidal, quien cree que se instauraría una "cultura punitiva anacrónica". 

También Enrique Santiago, diputado por Sumar, ha afeado a los populares presentar una nueva tramitación legislativa cuando la propuesta del PSOE ya ha superado el periodo de enmiendas. "Vaya por delante nuestro reconocimiento a los profesionales de las prisiones, médicos, psicólogos, juristas... Está claro que hay que darles recursos", ha remarcado, instando a ahondar en problemas como "la deficiencia de los servicios sanitarios y de salud mental, y su escasa remuneración; la ausencia de coordinación con los servicios de la comunidades autónomas". Además, ha llamado la atención sobre la dificultad para acceder a los historiales de los reclusos salvo en aquellas autonomías en las que se ha transferido la competencia, "una obligación" que tenían las CCAA desde hace veinte años.  

Por su parte, VOX ha recordado la iniciativa que impulsó en 2020 en este sentido y ha denunciado "décadas de abandono" a los funcionarios de prisiones, incluidos los profesionales sanitarios, como agentes de autoridad. "Los funcionarios de prisiones tendrán el estatuto orgánico que se merecen", ha advertido el diputado Javier Ortega Smith. 

El último en intervenir ha sido el diputado socialista Juan Carlos Jerez, quien ha recordado que el propio Partido Popular votó a favor de la iniciativa presentada por su grupo, presentando enmiendas que benefician al texto inicial, teniendo en cuenta a todos los empleados públicos. Pese a ello, Jerez ha avanzado su voto a favor: "Nuestras propuestas van más allá de la declaración de agente de autoridad".