El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado una moción del Partido Popular para
instar al Consejo de Gobierno, para que este a su vez, solicite al Gobierno de la Nación "
promover la armonización urgente de criterios comunes de homologación de titulaciones, que garanticen al ciudadano una asistencia sanitaria de excelencia".
Otro de los puntos de la moción aprobados hace hincapié en solicitar al Gobierno central "
retornar a una regulación de las condiciones de homologación de titulaciones universitarias bajo la competencia del Estado, y ejercida a través del Ministerio correspondiente, otorgando al mismo de los recursos materiales y humanos que permitan agilizar el procedimiento de homologación".
Por su parte, la moción también ha incorporado la enmienda parcial presentada por el grupo parlamentario Vox, en que se menciona que los criterios comunes de armonización para la selección de los profesionales sanitarios "atiendan a unos
principios máximos de calidad basados exclusivamente en su cualificación técnica profesional y experiencia, con fin de garantizar al ciudadano una asistencia sanitaria óptima". Por último, se ha aprobado el punto en que se solicita al Gobierno de la Nación "
promover la armonización y mejora de las condiciones económicas laborales para evitar la fuga de talento hacia otros países"
Traspaso de competencia al País Vasco
“El
traspaso al País Vasco de la competencia de homologar títulos universitarios, que Sánchez concedió a cambio de apoyo y votos,
rompe el principio de equidad e igualdad entre territorios”, ha criticado Antonio Martínez Pastor, promotor de la iniciativa.
Martínez Pastor ha recordado que “la regulación de las condiciones de homologación de titulaciones universitarias es una
competencia atribuida constitucionalmente al Estado como propia”, y ha apuntado, además, que “los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Ciencia y Universidades, en 2022, apuntan a que la gran mayoría de solicitudes de homologación,
casi el 80 por ciento, corresponden a títulos de Medicina”.
“Sin embargo, el Gobierno de Sánchez, el día 9 de abril de 2024, traspasa una competencia estatal recogida en la Constitución a una sola comunidad, la del País Vasco”, ha denunciado el diputado del PP, que ha señalado que “
no se pidió opinión a organismos profesionales ni se debatió con el resto de comunidades, lo cual, ya de entrada,
rompe con el principio de igualdad de los españoles con independencia de la comunidad donde residan”. “Una palabra, ‘Igualdad’, que el Gobierno de Sánchez se empeña en dilapidar por el sumidero, con una decisión tras otra”, ha apostillado.
Riesgos por descentralizar la competencia
Martínez Pastor ha alertado de las consecuencias y riesgos de la medida de
descentralizar en el País Vasco las homologaciones de títulos, tales como “la ruptura del principio de equidad e igualdad entre territorios”, o “la
pérdida de la homogeneidad en los criterios de homologación”.
El parlamentario ha subrayado, en concreto, que “descentralizar esta competencia para intentar agilizar el proceso de homologación,
sería un problema más que una solución”, ya que “no debería tratarse de un proceso competitivo entre regiones, porque la homologación lo que debe hacer es garantizar la homogeneidad en la capacitación de los profesionales que vienen de fuera”.
También ha advertido del ‘efecto contagio’ de esta medida, puesto que “Junts, el partido del prófugo Puigdemont solicitará el
traspaso de la homologación de los títulos de especialistas, y también de las competencias del MIR”, lo que, ha añadido, “supondría de facto
acabar con el sistema MIR o de formación sanitaria especializada tal y como lo conocemos, y romper la cohesión y calidad del SNS”.
“Nos enfrentamos, por tanto, a un
despropósito de consecuencias inéditas, y como mínimo preocupantes para el sector de profesionales sanitarios y nuestro Sistema Nacional de Salud”, ha incidido Martínez Pastor.
En ese sentido, el diputado regional ha remarcado que “la acción de dispersar esta competencia en el espacio autonómico, de ser reconocida, afecta a los propios profesionales, que encontrarían territorios de homologación más o menos rigurosa, según la comunidad autónoma que llevase a cabo aquella”. “Se podrían
generar situaciones de desigualdad, de modo que los ciudadanos podrían ser atendidos por profesionales más o menos ‘competentes’ en función del territorio de reconocimiento de su titulación y los requisitos que debieran concurrir en cada caso”, ha alertado.
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