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Morant defiende la homologación médica; el PNV duda: "Acaban en Hostelería"
La ministra de Ciencia asegura que el sistema estará "a la altura" y espera este año 80.000 convalidaciones
Diana Morant, ministra de Ciencia.
02 dic 2025. 18.00H
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El PNV ha instado este martes en el Senado a la ministra de Universidades, Diana Morant, a cambiar o incluso sustituir el marco normativo sobre homologaciones de títulos universitarios a fin de desatascar el canal de solicitantes extranjeros que aspiran a ejercer su profesión en España. “Muchos podrían trabajar en la industria o la salud, donde hay evidentes necesidades a cubrir, y se les aboca a ejercer en condiciones precarias en cuidado de mayores o la hostelería”, ha lamentado el nacionalista Luke Uribe-Etxebarria, quien ha sugerido al Ejecutivo adoptar “fórmulas imaginativas de gestión” de la mano del País Vasco. En el trasfondo del debate se encuentra el malogrado traspaso de la cartera de convalidaciones al Gobierno de Vitoria, que fue frenado en seco por el Tribunal Supremo.
En cualquier caso, Morant ha defendido que su administración ha logrado “revertir” la negativa tendencia sobre homologación de títulos que se arrastraba del Real Decreto que fijó los criterios de equivalencia en 2014, en plena etapa de Mariano Rajoy en Moncloa. Es más, ha informado de que este año se superarán las 80.000 convalidaciones, el doble que el pasado ejercicio. “Hoy la afiliación es récord y el sistema de homologaciones busca estar a la altura”, ha manifestado.
En julio, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz, detalló que, en el caso de la homologación títulos de Medicina, el ministerio ha pasado de resolver 2.460 expedientes de media anual entre 2014 y 2017 a 9.600 solicitudes por año desde 2018. La evolución en Enfermería es mayor: si entre 2014 y 2017 se resolvían 95 expedientes al año, desde 2018 el ritmo de tramitación de solicitudes de homologación ha crecido hasta los 1.285 expedientes de media anual.
Son cifras que, según Morant, “dan muy buena cuenta de la velocidad de crucero” en el actual proceso de homologación de títulos universitarios extranjeros, lo cual no quita, de acuerdo a la ministra, que la intención sea seguir mejorando.
Uribe-Etxebarria ha detallado una realidad muy distinta que “muestra un atasco considerable” que convierte los seis meses fijados por norma como plazo máximo para resolver las solicitudes de homologación “en varios años de espera”. El senador ha asegurado que esa situación se agrava en el País Vasco a causa de las “inaceptables” sentencias del Tribunal Supremo. En marzo, el Alto Tribunal anuló el Real Decreto por el que el Gobierno había traspasado las competencias en homologación a Euskadi, en el marco del acuerdo de investidura firmado por PSOE y PNV.
Uribe-Extebarria ha dicho que el fallo “ataca gravemente” el “autogobierno” vasco y supone “una inadmisible intromisión en cuestiones de orden político”. Por ello considera “urgente y prioritario” abordar una “profunda modificación” del marco legal de homologaciones o sustituirlo por un Real Decreto nuevo “que garantice el respeto a ese plazo máximo de seis meses”. “El procedimiento ha de ser más ágil y debe reconocer la competencia ejecutiva del Gobierno vasco en la tramitación y valoración de esas solicitudes”, ha sentenciado.
En verano, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades afirmó, a preguntas de Redacción Médica, que el Gobierno seguía trabajando en el posible traspaso de competencias de homologación al País Vasco en una comisión de trabajo conjunta, desde la “cogobernanza”. Cruz apuntó que las conclusiones de dicha comisión no tendrían por qué aplicarse sólo a Euskadi, sino también a cualquier otra comunidad autónoma que lo solicitara: “Lo haremos de forma que se ajuste a lo que ha sentenciado el Supremo”.
En respuesta a otra pregunta en la Cámara Alta, Morant ha reiterado que se investigará todo lo relacionado con la crisis que atraviesa el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y que se colaborará con la Justicia cuando sea requerido. "El dinero de la investigación no se toca, mucho menos el dinero de la investigación contra el cáncer", ha indicado durante una interpelación en el Senado.
Además, la ministra ha destacado que actualmente no existe "ninguna evidencia" de irregularidades en el CNIO y ha defendido que el nuevo gerente ha tomado posesión hace solo dos meses, por lo que "es muy poco tiempo todavía" para conocer realmente la situación, tras presuntas anomalías en contratos públicos.
En cualquier caso, Morant ha defendido que su administración ha logrado “revertir” la negativa tendencia sobre homologación de títulos que se arrastraba del Real Decreto que fijó los criterios de equivalencia en 2014, en plena etapa de Mariano Rajoy en Moncloa. Es más, ha informado de que este año se superarán las 80.000 convalidaciones, el doble que el pasado ejercicio. “Hoy la afiliación es récord y el sistema de homologaciones busca estar a la altura”, ha manifestado.
En julio, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz, detalló que, en el caso de la homologación títulos de Medicina, el ministerio ha pasado de resolver 2.460 expedientes de media anual entre 2014 y 2017 a 9.600 solicitudes por año desde 2018. La evolución en Enfermería es mayor: si entre 2014 y 2017 se resolvían 95 expedientes al año, desde 2018 el ritmo de tramitación de solicitudes de homologación ha crecido hasta los 1.285 expedientes de media anual.
Son cifras que, según Morant, “dan muy buena cuenta de la velocidad de crucero” en el actual proceso de homologación de títulos universitarios extranjeros, lo cual no quita, de acuerdo a la ministra, que la intención sea seguir mejorando.
El PNV exige reformas en homologación de títulos sanitarios
Uribe-Etxebarria ha detallado una realidad muy distinta que “muestra un atasco considerable” que convierte los seis meses fijados por norma como plazo máximo para resolver las solicitudes de homologación “en varios años de espera”. El senador ha asegurado que esa situación se agrava en el País Vasco a causa de las “inaceptables” sentencias del Tribunal Supremo. En marzo, el Alto Tribunal anuló el Real Decreto por el que el Gobierno había traspasado las competencias en homologación a Euskadi, en el marco del acuerdo de investidura firmado por PSOE y PNV.
Uribe-Extebarria ha dicho que el fallo “ataca gravemente” el “autogobierno” vasco y supone “una inadmisible intromisión en cuestiones de orden político”. Por ello considera “urgente y prioritario” abordar una “profunda modificación” del marco legal de homologaciones o sustituirlo por un Real Decreto nuevo “que garantice el respeto a ese plazo máximo de seis meses”. “El procedimiento ha de ser más ágil y debe reconocer la competencia ejecutiva del Gobierno vasco en la tramitación y valoración de esas solicitudes”, ha sentenciado.
En verano, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades afirmó, a preguntas de Redacción Médica, que el Gobierno seguía trabajando en el posible traspaso de competencias de homologación al País Vasco en una comisión de trabajo conjunta, desde la “cogobernanza”. Cruz apuntó que las conclusiones de dicha comisión no tendrían por qué aplicarse sólo a Euskadi, sino también a cualquier otra comunidad autónoma que lo solicitara: “Lo haremos de forma que se ajuste a lo que ha sentenciado el Supremo”.
Se investigarán posibles irregularidades en el CNIO
En respuesta a otra pregunta en la Cámara Alta, Morant ha reiterado que se investigará todo lo relacionado con la crisis que atraviesa el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y que se colaborará con la Justicia cuando sea requerido. "El dinero de la investigación no se toca, mucho menos el dinero de la investigación contra el cáncer", ha indicado durante una interpelación en el Senado.
Además, la ministra ha destacado que actualmente no existe "ninguna evidencia" de irregularidades en el CNIO y ha defendido que el nuevo gerente ha tomado posesión hace solo dos meses, por lo que "es muy poco tiempo todavía" para conocer realmente la situación, tras presuntas anomalías en contratos públicos.
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