El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que ni un solo euro del
Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) está siendo destinado a financiar el
referéndum del 1 de octubre. Según ha explicado el titular de Hacienda en una comparecencia en el
Congreso a petición de
En Comú Podem, Esquerra Republicana de Cataluña y Partido Demócrata Catalán, para aclarar las declaraciones del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que advertía con
una posible suspensión del FLA si Cataluña destinaba fondos del mismo a organizar el referéndum.
Montoro ha asegurado que "
la Generalitat está cumpliendo y los catalanes están recibiendo los servicios públicos". Ha apuntado a que el seguimiento de los pagos es semanal y quienes "promueven el referéndum son los mismos que
certifican que no se hace uso presupuestario alguno para llevar a cabo el referéndum".
No obstante, ha advertido de que la obligación del Gobierno es la de
revisar que los fondos no se destinen a financiar la consulta: "Si no vigilamos que el dinero de la Generalitat vaya a cubrir a los catalanes y no evitamos que vaya a gastos de la independencia, los que sufrirán las consecuencias serán los trabajadores, los desempleados, los pensionistas, los usuarios de la educación, los usuarios de la sanidad pública, los funcionarios y el tejido productivo".
69.000 millones
Según ha recordado el ministro, Cataluña ha recibido 69.000 millones de euros, de los que 23.000 millones han ido "
a pagar directamente a proveedores de los servicios públicos". En total, se trata del abono de 1,6 millones de facturas que ha supuesto un ahorro de casi 10.000 millones de euros, según los datos ofrecidos por Montoro.
En el turno de réplica, Xavier Domenech, portavoz de En Comú Podem, ha criticado que el objetivo de Hacienda es "llevar un escenario de excepcionalidad a las finanzas públicas", algo que no está en sus funciones y que responde más a un
"objetivo político que técnico".
Por su parte, el diputado del Partido Demócrata Catalán, Antoni Postius, ha echado en cara a Montoro que su intención es "vincular la financiación de los servicios públicos esenciales a renunciar al uso de las urnas supone
un nuevo despropósito del Estado a Cataluña".
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