Moncloa liga a las listas de espera un aumento "multicausal" de las bajas

El Gobierno desliza que la densidad de las listas de espera en los servicios de salud autonómicos está ligada al incremento de los procesos de incapacidad temporal (IT). Aunque el problema, subraya es “multicausal”, pues también interfieren factores como el envejecimiento de la población, el alargamiento de la vida laboral o el aumento de los problemas de salud mental, especialmente en los jóvenes.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha referido a la situación de las bajas laborales en España a instancias de Vox, que, a través de una pregunta parlamentaria registrada en el Congreso, ha pedido explicaciones sobre los factores que hay detrás del aumento de los procesos por incapacidad temporal y las medidas previstas al respecto. Cabe recordar que, recientemente, el presidente de la patronal Antonio Garamendi, informó de que el absentismo laboral supone un coste cercano a los 33.000 millones de euros y que las empresas se hacen cargo de la mitad.

En su respuesta escrita, Moncloa incide en el carácter “multicausal” de esta problemática que “se viene produciendo desde 2012” y que “se observa también en muchos otros países” del entorno europeo. Entre otras razones, el Gobierno señala a “los cambios en la relación de la población con la salud, especialmente tras la pandemia”; el envejecimiento paulatino de la población, la salud mental de los jóvenes y la cada vez más tardía jubilación, así como al aumento “de las listas de espera”, que, resalta el Gobierno, es cartera de las comunidades autónomas.

“Las listas de espera en los servicios de salud autonómicos pueden alargar los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes al dilatarse más allá de lo esperado la realización de pruebas diagnósticas, tratamientos e intervenciones quirúrgicas sin las cuales, en algunos casos, no se alcanza la recuperación de la capacidad funcional que requiere el alta”, incide.

Más recursos contra las listas de espera

Todos estos factores redundan “en un incremento del número de procesos en vigor y disminuye la capacidad de control y supervisión de las inspecciones médicas, tanto en las bajas de corta como de larga duración”, continúa en su respuesta el Gobierno, que sin embargo defiende que hace años que se vienen implementando medidas para mitigar el impacto del aumento de las IT en España.

Respecto a las listas de espera, señala que la Seguridad Social “ha puesto a disposición de las comunidades autónomas los recursos humanos y materiales de las mutuas” a través de la firma de un convenio en el que también han tomado parte el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSSS) y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

El objetivo es la mejora de la gestión de la incapacidad temporal y de asistencia sanitaria, lo que “puede contribuir a la reducción de las listas de espera y, con ello, de la duración de muchos de los procesos por contingencia común”. Hasta el momento se han suscrito convenios con Cataluña, Baleares, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

Otras medidas frente al aumento de IT

Al margen de ello, el Gobierno alude a un proyecto de asistencia técnica que la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones solicitó a la Comisión Europea y que, si todo marcha según lo previsto, concluirá en marzo de 2027. Este tiene por objetivo “la identificación de medidas que contribuyan a la mejora de la gestión de la incapacidad temporal basadas en la evidencia y en las mejores prácticas internacionales”.

También se citan las propuestas de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones a la Mesa de Diálogo Social, que engloban “modificaciones normativas en materia de incapacidad temporal, de rango legal y reglamentario, inspiradas y apoyadas en las conclusiones y debates generados por las actividades de análisis y diagnóstico arriba mencionadas”. “Dichas medidas, orientadas entre otros objetivos a reforzar las capacidades de los equipos de valoración de incapacidades del INSS, a seguir mejorando en el aprovechamiento de los recursos de las mutuas, y a mejorar la información que se puede compartir con los Servicios Públicos de Salud, están siendo objeto de intenso debate y negociación en los últimos meses”, destaca.

'No' a las transferencias del Estado

Lo que no contempla el Gobierno es hacer frente al agujero económico de la incapacidad temporal con transferencias del Estado. Apela a la primera de las recomendaciones del Pacto de Toledo, según la cual las cotizaciones sociales “deben ser destinadas exclusivamente a financiar prestaciones contributivas mientras que la financiación de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social”.

“Aquellas otras prestaciones universales, vinculadas a otros pilares del sistema de protección social en su conjunto, es decir, lo que se ha venido en denominar ‘gastos impropios’, han de efectuarse exclusivamente a través de aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social”. Es decir, que “no queda en ningún caso contemplada la financiación de la incapacidad temporal por esta vía”.