Mayoría en el Congreso para derogar el Real Decreto 16/2012 antes de 2020

Pocas cosas unen tanto a la oposición como el rechazo al Real Decreto 16/2012, que introdujo el modelo del aseguramiento en la sanidad y acabó con la universalidad en el Sistema Nacional de Salud. Este consenso ha vuelto a quedar patente este martes en el Congreso cuando todos los grupos parlamentarios, salvo PP y Ciudadanos, han firmado un compromiso con 70 organizaciones de la sociedad civil para impulsar iniciativas que lleven a la derogación de la norma de forma urgente.

Este acuerdo revalida el firmado en 2015 por toda la oposición para garantizar el acceso universal a la sanidad. De aquel compromiso nació una Propuesta de Ley que registró el PSOE en 2016 para derogar el Real Decreto 16/2012 y recuperar la universalidad, pero el Gobierno ejerció su derecho a veto con el argumento de que la propuesta suponía modificar los presupuestos. La mesa del Congreso pidió más información para justificar el veto, aunque de momento el Ejecutivo no ha aportado nuevos datos.

El nuevo documento, elaborado por la Red de Denuncia y Resistencia al RD 16/2012, insiste en la recuperación de la sanidad universal e incide en que se exija al Gobierno que no utilice su veto para "evitar la tramitación de una iniciativa que cuenta con el amplio consenso del Congreso y está respaldada por los principales colectivos profesionales y sociales".

Optimismo de la oposición

Además, el acuerdo introduce otras dos novedades respecto al texto de 2015: exigir la reforma del modelo de financiación autonómica para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y que el Gobierno retire los recursos de inconstitucionalidad contra las comunidades autónomas que han aprobado leyes de sanidad universal (Valencia, Baleares, Cantabria, Extremadura y País Vasco).

Según explica a Redacción Médica José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE del Senado, el siguiente 

La oposición plantea superar el veto del Gobierno con una propuesta que no tenga que modificar el presupuesto actual

paso es el de "presentar iniciativas, cada grupo o de forma conjunta, para tratar de derogar el Real Decreto 16/2012". El senador granadino se muestra optimista de cara a conseguir la supresión de la norma antes de 2020: "Hay una correlación de fuerzas suficiente en el Congreso y aunque el PP intente retrasarlo con su mayoría en el Senado, no puede frenar la iniciativa definitivamente".

Estas buenas sensaciones son compartidas por Marta Sibina, portavoz de Sanidad de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso, que afirma a este medio que "hay ganas de todos los grupos de llevarlo a a cabo en forma de Proyecto de Ley y de trabajar con los colectivos de la sociedad civil".

Aunque admite que algunos grupos piden "matizar algunas cosas", cree que hay voluntad suficiente de que se resuelva "más pronto que tarde". Para superar el veto del Gobierno, Sibina dice que "hay que trabajarlo jurídicamente" y que una solución puede ser proponer que "la partida presupuestaria no se ejecute ahora, sino sobre un presupuesto futuro".

Propuesta de Ciudadanos

Mientras la firma del acuerdo tenía lugar en la sala Peces Barba del Congreso, Ciudadanos contraprogramaba en el registro de la Cámara Baja. La formación naranja ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para 

La propuesta de C's se centra en "españoles y residentes" y el pacto entre oposición y sociedad civil habla de "todos los que viven en España"

pedir al Gobierno que modifique parcialmente el Real Decreto 16/2012 para recuperar la universalidad "para ciudadanos españoles y residentes". 

Es en este punto donde C's difiere del acuerdo entre la oposición y los colectivos sociales que no se limitan a residentes sino que incluyen a "todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa". 

En declaraciones a este diario Francisco Igea, portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso, afirma que han propuesto que "se utilice el empadronamiento" como requisito administrativo para acceder al SNS. No obstante, la PNL apunta a que se dé cobertura a servicios esenciales, urgencias y a embarazadas, algo que ya está contemplado en el Real Decreto 16/2012.