Los
médicos y los
enfermeros que trabajan en las
prisiones de España cada vez están más cerca de ser reconocidos como
agentes de la autoridad. En este caso, ha sido el
PSOE quien ha dado un paso adelante, presentando una
proposición de ley ante la Mesa del
Congreso de los Diputados que pide otorgar este carácter a todos los funcionarios de las Instituciones Penitenciarias, incluidos los sanitarios, con el fin de brindar
seguridad jurídica a los profesionales de estos entornos.
En concreto, esta propuesta plantea modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, para otorgar el carácter de
agentes de autoridad a los funcionarios de las prisiones. Una petición, que según detalla el
PSOE, surge en respuesta a la necesidad de brindar
seguridad jurídica a los profesionales que desempeñan sus funciones en entornos
penitenciarios, donde enfrentan desafíos únicos y situaciones de riesgo.
La designación como
agentes de autoridad permitiría reconocer el carácter especial de su labor y dotar de “
relevancia probatoria” a los informes que realicen en
procesos administrativos y judiciales. Entre las principales modificaciones propuestas se incluye la garantía de
separación de los funcionarios penitenciarios, incluidos los sanitarios, del resto de los detenidos en casos de detención o ingreso en prisión.
Asimismo, se establece la obligación de la administración de
“resarcir” económicamente a estos profesionales por “daños personales o materiales” sufridos durante el ejercicio de sus funciones, siempre y cuando no haya "mediado dolo,
negligencia o impericia grave" por su parte.
Sanitarios como agentes de seguridad, una petición de Vox
Esta propuesta del
PSOE se suma a la demanda previa planteada por el grupo parlamentario
Vox en
2019, que también abogaba por la
modificación de la Ley General Penitenciaria para reconocer a los funcionarios de prisiones, incluidos los profesionales sanitarios, como
agentes de autoridad.
Ambas iniciativas reflejan la necesidad urgente de abordar las condiciones laborales y la
protección de los trabajadores en entornos penitenciarios.
Se espera que la iniciativa sea discutida en el
Congreso de los Diputados con el objetivo de garantizar la seguridad y el
reconocimiento de estos trabajadores, que desempeñan un papel fundamental en el cuidado de la salud de la población reclusa.
Agresiones a sanitarios en las cárceles
Los casos de
agresiones a profesionales sanitarios, ya sean médicos o enfermeras, son una realidad en las cárceles españolas. En ocasiones, factores externos, como
enfermedades mentales, entran en juego y suponen un riesgo aún mayor en un contexto en el que las situaciones de
peligro pueden ser más probables, como son las
prisiones.
Casos así se han podido ver en centros como el
Penitenciario de Picassent, donde un preso con enfermedad mental agredió a
tres funcionarios de la U
nidad de Preventivos del módulo de
Enfermería. El recluso, de constitución corpulenta, comenzó a exigir a los trabajadores una medicación y, al no recibirla, primero se
autoagredió golpeando su cabeza contra la pared y, después,
se lanzó contra los tres funcionarios, a los que causó cortes, contusiones y arañazos hasta que pudo ser reducido, según señaló
CSIF en su momento.
Es por eso que esta
propuesta de ley se presenta como un paso hacia delante en la
mejora de las condiciones laborales y de la protección de los sanitarios (así como el resto de funcionarios) que desempeñan su labor en el ámbito penitenciario.
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