Los matices en financiación dilatan la ley de cribado neonatal en el Senado
La Comisión de Sanidad aprueba su dictamen, que habrá de debatirse en el pleno antes de devolverse al Congreso
Comisión de Sanidad del Senado.
02 jul 2026. 13.00H
POR MANU IBÁÑEZ
La Proposición de Ley del PSOE para homogeneizar los programas de cribado neonatal tendrá que superar dos últimas fases antes de quedar aprobada de manera definitiva por las Cortes. La Comisión de Sanidad del Senado ha aprobado este jueves, con 19 votos a favor y 10 abstenciones, su dictamen al respecto tras incorporar al texto remitido por el Congreso la única enmienda registrada por el Grupo Popular en la Cámara Alta. El PP ha hecho valer su mayoría absoluta para garantizar, a través de una nueva disposición final, que el programa de cribado neonatal tenga cada año una “financiación suficiente” en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). De haberse aprobado sin nuevas enmiendas, la ley se habría enviado a Moncloa como paso previo a su entrada en vigor. Ahora, sin embargo, los cambios introducidos en la Comisión tendrán que aprobarse en el pleno del Senado. Será en la sesión del próximo día 9, en la que también se debatirán y votarán los posibles vetos (en el caso de que se registren) antes de que el texto se devuelva al Congreso.
La proposición de ley “viene a dar igualdad, cohesión y armonización al acceso a los cribados neonatales” para detectar de forma temprana las 21 patologías incluidas en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, según ha resaltado el senador socialista Kilian Sánchez. La evaluación periódica del programa se llevará a cabo, al menos, una vez al año. “Damos seguridad jurídica a los pacientes”, ha agregado el portavoz sanitario del PSOE en el Senado.
La popular Antonia López ha valorado el fondo de la norma, si bien ha abogado por que, durante la futura implementación, se incorpore la “innovación científica” de forma “ágil y basada en la evidencia”, especialmente en lo que concierne a los tratamientos de enfermedades raras. También ha insistido en la necesidad de destinar al modelo fondos suficientes: “De poco sirve si el Gobierno sigue en su dinámica de no dotarlo de una financiación adecuada”.
Carla Antonelli, del Grupo Izquierda Confederal, ha destacado el “rigor técnico” del Ministerio de Sanidad en la negociación con los grupos parlamentarios para añadir mejoras técnicas a la proposición de ley original. La senadora ha votado en contra de la enmienda del PP al considerar que el cribado neonatal no debe financiarse a través de los PGE, sino de la Cartera de Servicios Comunes.
La Comisión ha rechazado la enmienda registrada por el PNV para amortiguar el impacto económico de las nuevas medidas en las comunidades autónomas. En todo caso, el grupo no ha presentado voto particular: su senadora Nerea Ahedo ha argumentado que el fondo de su iniciativa está reflejado en la enmienda del PP que ha quedado integrada en el dictamen.
ERC, a través del Grupo Izquierdas por la Independencia (en el que también está Bildu), había registrado tres enmiendas para ampliar los servicios en salud bucodental hasta los 18 años obligando al Estado a incrementar la financiación al respecto para las comunidades autónomas. Sin embargo, la propuesta ni siquiera ha llegado a debatirse. Es la segunda vez que pasa en la tramitación de esta ley. ERC ya había intentado en el Congreso incluir la iniciativa en el texto legislativo, pero la Comisión de Sanidad la rechazó. La portavoz sanitaria del Grupo Republicano en la Cámara Baja, Etna Estrems, no ocultó su enfado y acusó al Ministerio de Hacienda de haber “vetado” sus enmiendas.
El segundo veto no ha llegado del Gobierno. La Mesa del Senado (compuesta por cuatro representantes del PP y tres del PSOE) acordó no admitir a trámite las enmiendas de ERC “por resultar incongruentes con el objeto de la proposición de ley”, tal y como consta en el Boletín Oficial de la Cámara Alta de este jueves. Llama la atención ese argumento teniendo en cuenta que, en el Congreso, PSOE y PP, además de Sumar, pactaron introducir como enmienda al texto un refuerzo de la confidencialidad sobre los precios que paga el Estado para financiar medicamentos innovadores, lo cual tampoco tiene que ver directamente con el cribado neonatal.
La medida, cabe recordarlo, parte de una propuesta del Ministerio de Sanidad para frenar el encarecimiento de nuevas terapias por los efectos de la cláusula Nación Más Favorecida que, desde finales de 2025, figura en los acuerdos suscritos entre el Gobierno de Estados Unidos con compañías farmacéuticas. La disposición impide que la potencia norteamericana pague por un medicamento más que cualquier otro país del G7, además de Suiza y Dinamarca. España queda fuera de ese grupo, pero se está viendo afectada por la situación por efecto cascada, según ha defendido en varias ocasiones el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.
La idea, por tanto, es simple: asegurar el acceso a fármacos innovadores a costa de la transparencia en la financiación. Para equilibrar la balanza, en el ministerio apostaron en su momento por hacer públicos los datos sobre tiempos de financiación y los informes sobre acuerdos de precios.
La proposición de ley “viene a dar igualdad, cohesión y armonización al acceso a los cribados neonatales” para detectar de forma temprana las 21 patologías incluidas en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, según ha resaltado el senador socialista Kilian Sánchez. La evaluación periódica del programa se llevará a cabo, al menos, una vez al año. “Damos seguridad jurídica a los pacientes”, ha agregado el portavoz sanitario del PSOE en el Senado.
La popular Antonia López ha valorado el fondo de la norma, si bien ha abogado por que, durante la futura implementación, se incorpore la “innovación científica” de forma “ágil y basada en la evidencia”, especialmente en lo que concierne a los tratamientos de enfermedades raras. También ha insistido en la necesidad de destinar al modelo fondos suficientes: “De poco sirve si el Gobierno sigue en su dinámica de no dotarlo de una financiación adecuada”.
Carla Antonelli, del Grupo Izquierda Confederal, ha destacado el “rigor técnico” del Ministerio de Sanidad en la negociación con los grupos parlamentarios para añadir mejoras técnicas a la proposición de ley original. La senadora ha votado en contra de la enmienda del PP al considerar que el cribado neonatal no debe financiarse a través de los PGE, sino de la Cartera de Servicios Comunes.
La Comisión ha rechazado la enmienda registrada por el PNV para amortiguar el impacto económico de las nuevas medidas en las comunidades autónomas. En todo caso, el grupo no ha presentado voto particular: su senadora Nerea Ahedo ha argumentado que el fondo de su iniciativa está reflejado en la enmienda del PP que ha quedado integrada en el dictamen.
Veto a la ampliación de la salud bucodental
ERC, a través del Grupo Izquierdas por la Independencia (en el que también está Bildu), había registrado tres enmiendas para ampliar los servicios en salud bucodental hasta los 18 años obligando al Estado a incrementar la financiación al respecto para las comunidades autónomas. Sin embargo, la propuesta ni siquiera ha llegado a debatirse. Es la segunda vez que pasa en la tramitación de esta ley. ERC ya había intentado en el Congreso incluir la iniciativa en el texto legislativo, pero la Comisión de Sanidad la rechazó. La portavoz sanitaria del Grupo Republicano en la Cámara Baja, Etna Estrems, no ocultó su enfado y acusó al Ministerio de Hacienda de haber “vetado” sus enmiendas.
El segundo veto no ha llegado del Gobierno. La Mesa del Senado (compuesta por cuatro representantes del PP y tres del PSOE) acordó no admitir a trámite las enmiendas de ERC “por resultar incongruentes con el objeto de la proposición de ley”, tal y como consta en el Boletín Oficial de la Cámara Alta de este jueves. Llama la atención ese argumento teniendo en cuenta que, en el Congreso, PSOE y PP, además de Sumar, pactaron introducir como enmienda al texto un refuerzo de la confidencialidad sobre los precios que paga el Estado para financiar medicamentos innovadores, lo cual tampoco tiene que ver directamente con el cribado neonatal.
Escudo anti-Trump para favorecer la innovación terapéutica
La medida, cabe recordarlo, parte de una propuesta del Ministerio de Sanidad para frenar el encarecimiento de nuevas terapias por los efectos de la cláusula Nación Más Favorecida que, desde finales de 2025, figura en los acuerdos suscritos entre el Gobierno de Estados Unidos con compañías farmacéuticas. La disposición impide que la potencia norteamericana pague por un medicamento más que cualquier otro país del G7, además de Suiza y Dinamarca. España queda fuera de ese grupo, pero se está viendo afectada por la situación por efecto cascada, según ha defendido en varias ocasiones el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.
La idea, por tanto, es simple: asegurar el acceso a fármacos innovadores a costa de la transparencia en la financiación. Para equilibrar la balanza, en el ministerio apostaron en su momento por hacer públicos los datos sobre tiempos de financiación y los informes sobre acuerdos de precios.
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