Los grupos políticos se revuelven ante la ratio impuesta por la 'Ley Satse'

La futura Ley de Seguridad del Paciente que persigue el establecimiento de ratios únicas de enfermeras en el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha arrancado su tramitación parlamentaria con una batería de más de 200 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. El posicionamiento de las principales formaciones políticas abre la puerta a cambios profundos en el texto que llegó a la Cámara Baja en calidad de una iniciativa popular y respaldado por el sindicato Satse. Entre las propuestas, figura la de delegar en el Consejo Interterritorial la revisión de los umbrales mínimos, ampliar el foco a nuevas profesiones sanitarias o dar más flexibilidad al sector privado para que se adapte al plan.

Una de las grandes ideas que subyace de las enmiendas es la de reforzar el papel de la cumbre de los consejeros autonómicos. Grupos tan dispares como Unidas Podemos o Ciudadanos han coincidido en que la reunión de las autonomías debe ser la encargada de realizar la revisión de las ratios. Mientras que dese los sectores más nacionalistas (Esquerra Republicana o el Partido Nacionalista Vasco), defienden que corresponde a las comunidades autónomas valorar el número de profesionales convenientes en sus respectivos sistemas de salud.

Estas posiciones chocan en parte con la esencia de la norma, que perseguía establecer una ratio única de entre 6 y 8 pacientes por enfermera con carácter general en los hospitales, así como un umbral mínimo de una profesional por cada 1.500 habitantes adscritos a la Atención Primaria. Aunque sí que planteaba que la concreción de estas cifras debería debatirse en un grupo de trabajo del Consejo Interterritorial del SNS.

Apertura de las ratios a nuevas profesiones sanitarias

Otra de las ideas que han planteado varios grupos políticos pasa por abrir las ratios de esta ley a todo el conjunto de la sanidad, lo que exigiría una profunda revisión del articulado. Uno de los que ha ido más al dedillo es Ciudadanos que ha presentado varias enmiendas para concretar las cifras. La formación liberal apuesta por fijar una ratio de 8 a 10 pacientes para Fisioterapia, así como de 6 a 8 para Terapia Ocupacional. Mientras que el nivel de psicólogos en la sanidad debería alcanzar al menos uno por cada 5.000 habitantes.

La formación naranja también ha incluido en su ecuación a los médicos, aunque con una propuesta algo menos definida. Únicamente ha reclamado una ratio de 3 profesionales en las unidades de críticos y de 5 en las de coronarias. Así como una media de al menos un facultativo por cada 1.000 habitantes en Primaria. Para el resto de especialidades ha abierto el debate al grupo de trabajo del Consejo Interterritorial del SNS.

“Dado que las consideraciones sobre seguridad de los pacientes y la calidad asistencial son aplicables a todos los profesionales de la salud, se considera más acertado hacer mención a las ratios que deben aplicar a todos ellos y no sólo a los profesionales de enfermería, del mismo modo que los cuidados no son únicamente de carácter enfermero”, ha justificado Ciudadanos.

El Partido Socialista, por su parte propone la modificación de "Ley sobre ratios de enfermeras" por "Ley sobre necesidades de profesionales sanitarios", ya que aseguran que la atención a los pacientes "debe realizarse de manera integral por distintos tipos de profesionales médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, entre otros". "Por tanto, el establecimiento de ratios de un solo tipo de profesionales no garantiza el fin perseguido de aumentar la seguridad de los pacientes", señalan.

Moratorias a la privada en la ley de ratios

Otro de los puntos calientes de la nueva norma es el relativo al papel que tendrá que tener el sector privado. El texto original de la iniciativa popular planteaba que las empresas que ofrecen asistencia sanitaria también deberían adaptarse a las ratios. Aunque algunos partidos han planteado la necesidad de flexibilizarlo. Ciudadanos ha planteado una moratoria de 36 meses para que las entidades puedan llevar a cabo una “adaptación progresiva” a las novedades.

Además, se plantea que las empresas privadas con conciertos con la administración, puedan solicitar una extensión del plazo mediante un escrito motivado con las razones. En caso de concederse, esta prórroga no podrá superar los 18 meses y deberá ser notificada oficialmente por las autoridades sanitarias competentes.

“Las provisiones de esta Ley pueden ser de difícil asunción para las entidades privadas que ostentan la titularidad o gestionan los servicios de atención sanitaria de centros sanitarios o sociosanitarios. Esta adopción apresurada podría, en algunos casos, suponer un riesgo para la viabilidad de dichos centros, con el impacto que esto tendría en la presión asistencial sobre los servicios sanitarios públicos”, han expuesto los liberales.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Plural, propone una modificación del artículo sobre la prestación de los cuidados de Enfermería, tanto generales como especializados, que quedarán sujetos a las disposiciones de la ley, eliminando los servicios privados. "Con esta inclusión de los servicios sanitarios privados dentro de los establecimientos mencionados en la proposición de ley, se ataca de forma directa al artículo 38 de la Constitución Española que versa sobre la libertad de empresa, forzando a esta a acogerse a criterios, que solo deben regular el ámbito público", aseguran.

Los plurales piden también una memoria económica "que justifique el origen del incremento de gasto". Sin ella, la consecuencia del establecimiento de las ratios que figuran en el proyecto de Ley no conllevará solo una detracción de recursos destinados a otros profesionales (psicólogos, TCAE, médicos, etc.), "sino que, en el caso de las empresas de asistencia sanitaria privada, compromete de manera irreversible su viabilidad económica".

Las enmiendas de la ley de ratios de Enfermería

Entre las más de 200 enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados, también figuran otras ideas particulares de los grupos. Esquerra Republicana ha planteado la necesidad de que la ley se consigne mediante transferencias a las comunidades en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Unidas Podemos ha pedido que se desarrolle un Plan Integral de Retorno y Retención de Enfermeras; el Partido Nacionalista Vasco y también PSOE, que se suspendan los criterios en situaciones como el estado de alarma e incluso Ciudadanos ha colado la creación de nuevas especialidades médicas y enfermeras en sus propuestas.

El Grupo Parlamentario Mixto propone, entre otras, sustituir el término "enfermera" por "personal de Enfermería" para favorecer el lenguaje no sexista. El Partido Popular pide modificar la "ratio mínima" por "establecer una adecuada participación" y un índice de referencia de pacientes por enfermera en unidades de hospitalización. En casos concretos como el de los Plurales, añade modificación en la ratio de seis a ocho pacientes por enfermera, a un cambio de seis a 12, ampliándose a 14 para no ignorar la "heterogeneidad de los pacientes y las necesidades que se requieren".