La
Diputación Permanente del Congreso ha rechazado la petición del
Grupo Popular de que el ministro de Función Pública,
Óscar López, compareciera ante el pleno de la Cámara Baja para dar explicaciones sobre su gestión en torno a la renovación del concierto de
Muface para el trienio 2025-2027. Frente a las críticas de
PP y
Vox a la “ineficacia e inoperancia” del Gobierno para dar continuidad al “derecho adquirido” por los funcionarios de elegir entre la asistencia sanitaria privada o la pública, desde el
PSOE se ha vuelto a lanzar un “mensaje de tranquilidad” a los potenciales beneficiarios del modelo, antes de aclarar que López sí que comparecerá, motu proprio, tanto en la
Comisión de Hacienda y Función Pública, el 19 de febrero, como en el
Senado, la próxima semana. Desde
Sumar, por su parte, se ha reiterado su apuesta por una extinción progresiva de Muface que conlleve la derivación a los servicios públicos de salud de los fondos destinados al modelo.
“Ningún Gobierno había logrado deteriorar tanto el sistema de Muface como para llevarlo al peligro de extinción”, ha lamentado la popular
Carmen Navarro, quien ha calificado como “nefasta” la gestión de López para con la continuidad del modelo. El próximo día 27 se cierra el plazo para presentar ofertas a la
licitación del concierto 2025-2027 con la negativa asegurada de
Adeslas y
DKV, que viene precedida de otra licitación, anunciada en octubre, que quedó desierta. Se trata, según Navarro, de un “vodevil de licitaciones, correcciones y advertencias veladas a los funcionarios” que, de acuerdo a la diputada, ha dejado “en el limbo” la
asistencia sanitaria de los funcionarios, “fomentando la visión de que Muface es un modelo innecesario”.
“Muface nació como respuesta a las carencias del sistema de protección social que vivían los funcionarios civiles. Es un derecho adquirido y consolidado para los servidores públicos de España que permitió, y permite, mantener niveles de calidad de asistencia sanitaria a los funcionarios, y que ha permitido, desde ese mix, levantar los cimientos del
Estado del bienestar”, ha resumido.
Navarro ha reconocido que “no es fácil” sostener económicamente el modelo mutualista, pero que “cada Gobierno” previo al actual “ha sabido prever” cómo darle continuidad. En ese sentido, ha afeado la supuesta opacidad con la que el Gobierno está llevando la situación a ojos de los sindicatos, de las comunidades autónomas y del Congreso. Por ello, ha exigido a López que haga público el informe de la
Airef sobre la gestión de Muface.
Para la diputada de Vox María de los
Reyes Romero, el Ejecutivo está “dejándose llevar por los prejuicios propios de la izquierda” en un afán por hacer desaparecer Muface y por “estatalizar y dar culto a lo público, aunque sea cada vez más insostenible”.
“El mutualismo funcionarial es un sistema válido de colaboración público-privada que no sólo resulta satisfactorio para miles de funcionarios, sino que también ha conseguido grandes dosis de eficacia y eficiencia en la gestión pública de recursos, que son limitados, y respetando la voluntad del usuario de elegir entre la
sanidad privada y la pública”, ha dicho.
El PSOE pide "tranquilidad" a los mutualistas
El socialista
Pedro Casares ha salido al paso de las críticas acusando al PP y a Vox de practicar una “política de bulos”: “Es indecente lo que están haciendo con los mutualistas, incluso jugando con el miedo y la salud de la ciudadanía con tal de desgastar al
Gobierno de España”. El diputado ha asegurado que el Gobierno va a garantizar la prestación sanitaria a los funcionarios “en las condiciones actuales” hasta que “se adjudique el nuevo concierto”.
Al respecto, ha valorado el “
esfuerzo económico sin precedentes” del Ejecutivo para renovar el concierto: “Lo hicimos en la primera licitación con una prima del 17 por ciento y en esta segunda, con un
incremento de más de 33 por ciento en tres años, casi 1.000 millones de euros más que el contrato vigente. Es el mayor contrato de la historia desde que existen registros”.
Frente a ello, ha recordado que los anteriores
gobiernos del PP “abandonaron a los mutualistas” subiendo la prima “un cero por ciento en 2014, un 0,9 por ciento en 2015, un 3,5 por ciento en 2016 y un cero por ciento en 2017”. Según Casares, el Gobierno está trabajando “con transparencia, convocando consultas preliminares de mercado para que las empresas justifiquen cómo fijan sus precios”.
Sumar aboga por suprimir el modelo Muface
El único partido que se ha mostrado en contra de la continuidad del modelo de Muface ha sido Sumar: “Muface es una herencia de una realidad pasada y no deberíamos seguir asumiéndolo como algo lógico”, ha dicho
Aina Vidal. La diputada progresista ha mostrado su rechazo a que el Gobierno caiga en el “chantaje” de las compañías aseguradoras, cuyo interés reside en el “margen de beneficios”, que “nada tiene que ver con garantizar la salud, sino con hacer un negocio con la salud pública”.
Vidal ha recordado que su grupo registró una Proposición No de Ley (
PNL) en la Cámara Baja en la que se insta al Ejecutivo a constituir una comisión interministerial para diseñar un proceso de
transición hacia la sanidad pública de los funcionarios que aún optan por la asistencia sanitaria a través del modelo Muface y que representan “sólo un 2 por ciento de la población beneficiaria”. En la propuesta también se pide transferir los fondos otorgados a las aseguradoras a través del concierto -fueron 2.436 millones de euros en 2022- a la
sanidad pública.
Es “inevitable” la extinción de Muface porque “no es rentable”, según la diputada, quien ha asegurado que la integración de la financiación de Muface en el Sistema Nacional de Salud ayudaría a “redistribuir recursos” de forma “más equitativa” y “reforzar, por tanto, la
Atención Primaria”. La diputada ha mencionado el informe del Ministerio de Sanidad en el que se concluía que
los servicios públicos de salud están preparados para asumir la asistencia de esos mutualistas.
“Estamos orgullosos de la ministra
Mónica García. Los pasos que este Gobierno debe dar son los esfuerzos en reforzar lo público y no reproducir esquemas de privatización ni favorecer los intereses de quienes hacen negocio con la salud de todos y todas”, ha sentenciado.
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