El Congreso de los Diputados ha dado el “sí” definitivo a la
ley que protege los derechos de los niños víctimas de todo tipo de violencia. La norma establece herramientas para blindar la atención sanitaria de los menores, así como protocolos para la prevención de casos de abusos.
Con un simbólico aplauso ha finalizado el recuento de la votación de la norma, que ha recibido el
apoyo de 297 diputados. Solo los 52 parlamentarios de Vox la han rechazado al considerar que está destinada a “arrebatar la inocencia de los niños” y a
“destruir las familias”.
El resto de las formaciones políticas han validado el texto, que incluye dos de las enmiendas aprobadas la semana pasada en el Senado. Una de ellas se refiere a la
prohibición de los desnudos integrales de los niños que migran solos para
determinar su edad. “Cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su edad”, dicta.
Además, la ley recoge la creación de una Comisión que garantice la asistencia sanitaria de las víctimas. Esta contará con expertos de los institutos de
Medicina Legal y Ciencias Forenses designados por el Ministerio de Justicia, así como profesionales sanitarios implicados “en la prevención, valoración y tratamiento de las víctimas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes”.
Desahucios y toros
Otras novedades que incorpora la ley de infancia y que fueron introducidas antes de llegar al Senado, son la ampliación del plazo de la
prescripción de los abusos a la infancia, que comenzará a contar
cuando la víctima cumpla 35 años, y no 18, como ocurre ahora; la eliminación del Síndrome de Alienación Parental, o el refuerzo de la prueba preconstituida para evitar la revictimización de los menores.
Los grupos de ERC y EH Bildu han criticado que finalmente
no se prohíban los desahucios de familias con menores a cargo. La formación catalana ha lamentado asimismo que no se impida la entrada de los niños y niñas a las corridas de toros.
La ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia contará con una financiación de
70 millones de euros, una cantidad que el PP ha considerado insuficiente. A este respecto, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha precisado que en la memoria económica de la ley están previstos "más de 70 millones de euros para que se pueda desplegar al máximo".
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