El Senado ha dado este miércoles luz verde a la ley que despenaliza la
eutanasia, destinada, según recoge el texto de la proposición, a ofrecer “respuestas jurídicas y garantistas” a una
“demanda sostenida de la sociedad”. La iniciativa, aprobada con los únicos votos en contra de PP y Vox, será ahora reenviada al Congreso para su definitiva aprobación antes de quedar reflejada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Al texto debatido hoy en el Senado se han incorporado enmiendas anunciadas en la Comisión de Justicia. Entre otras novedades se encuentra la creación de un “registro de profesionales sanitarios” declarados “
objetores de conciencia” a la hora de practicar la eutanasia.
En dicho documento se incluirán aquellos profesionales que ejerzan su “derecho individual” a “no atender aquellas demandas de actuación sanitaria que resultan
incompatibles con sus propias convicciones”.
“El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá
manifestarse anticipadamente y por escrito”, añade el texto en su capítulo IV.
Según esta norma, la eutanasia se podrá realizar a pacientes que la soliciten y se encuentren en un contexto de "
padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable". Este solicitante deberá tener nacionalidad española o residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses; tener mayoría de edad y "ser capaz y consciente en el momento de la solicitud".
Después de la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita". Tras ello,
el paciente deberá confirmar su intención. Aún así, después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos.
Tenso debate parlamentario
La sesión se ha desarrollado en un ambiente tenso y ha puesto de relieve la falta de consenso en torno a lo que muchos grupos han considerado el “derecho a la buena muerte”. “No hay vidas indignas sino procesos que sufrimiento que
atentan a la dignidad de la vida”, ha defendido desde la bancada socialista Javier de Lucas. Formaciones como Compromís han aseverado que la regulación de esta norma permite al país “avanzar como sociedad”. “Contribuye a
acabar con el sufrimiento de muchas personas y sus familiares que han soportado en silencio durante años la imposibilidad de poner punto y final a su vida”, ha manifestado Carles Mulet.
Por el contrario, los detractores de la norma la han catalogado de “injusta” al considerar que “nadie tiene derecho” a decidir sobre la muerte de una persona.
“Es el fracaso del sistema sanitario”, ha denunciado el PP, que ha coincidido con Vox en la necesidad de reforzar “alternativas” como los cuidados paliativos. “Al despreciar algo tan humano como la lucha por la supervivencia se fuerza a aceptar una derrota que casi siempre encubre el deseo de librar a los vivos del problema que representa atender al enfermo”, ha defendido el senador José Manuel Marín.
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