El
Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, impulsado por el
Ministerio de Igualdad, otorga una gran responsabilidad a los profesionales sanitarios en la detección de la violencia sexual. De hecho, las Administraciones sanitarias deberán elaborar
protocolos específicos y promover la "adecuada formación" al personal sanitario, tal y como consta en el documento al que ha tenido acceso
Redacción Médica.
La norma obliga a que el
sistema educativo español incluya contenidos sobre educación sexual y diversidad afectivo-sexual
en colaboración con los profesionales del ámbito sanitario. Además, el Capítulo I define el alcance del derecho a una asistencia integral, que comprende, entre otras acciones, "la
atención médica y psicológica como vía para paliar las secuelas de la violencia, lo que incluye la atención psicológica de emergencia o crisis".
Especialización del médico forense
En este mismo capítulo, y como "medida fundamental para la acreditación del delito", la Ley Orgánica propuesta por el Ministerio de Igualdad prevé la "especialización en violencia sexual de las unidades de valoración forense integral que asisten a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Así mismo, se establece la obligación de
especialización del personal médico forense que realice los exámenes de interés legal".
En cuanto a la responsabilidad que atañe a los departamentos en materia sanitaria está el desarrollo de "actuaciones encaminadas a la detección e identificación de situaciones de violencia sexual". En esta línea, las Administraciones Públicas "promoverán la elaboración de protocolos específicos de detección, actuación y derivación en el ámbito educativo y sanitario, de acuerdo con su implicación y funciones en estos procesos", tal y como consta en su Artículo 15.
Detección de la violencia sexual en el ámbito sanitario
El texto reserva un artículo completo a describir cuál es el papel de las Administraciones sanitarias en la detección e intervención en el ámbito sanitario. "En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promoverán la adecuada formación del personal sanitario y no sanitario para la detección de las violencias sexuales y propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del ámbito sanitario y sociosanitario para la detección y respuesta frente a las violencias sexuales.
En los Planes Nacionales, según el documento, se "contemplará un apartado de prevención, detección e intervención integral frente a las violencias sexuales". Por su parte, la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud "se ocupará del apoyo técnico y la orientación de las medidas sanitarias necesarias para implementar lo dispuesto en este precepto, así como de la evaluación y proposición de las medidas necesarias para que el sector sanitario contribuya a la prevención, detección y respuesta diligente frente a estas violencias".
Además, esta Comisión elaborará, con implicación del Observatorio de Salud de las Mujeres, un Protocolo Común de Actuaciones "en materia de violencias sexuales que incluya pautas de detección e intervención, tanto frente a las violencias recientes como a las producidas en el pasado". Este protocolo ha de servir para actualizar y mejorar los protocolos autonómicos existentes, "asegurando una actuación homogénea y adecuada del personal sanitario en el conjunto del Estado".
Formación de los profesionales
El artículo 21 hace referencia a la formación que deberían recibir los profesionales del sector sanitario y de servicios sociales. "Las Administraciones educativas competentes asegurarán que en los ámbitos curriculares de las titulaciones universitarias sociales y sanitarias se incorporen contenidos formativos para la prevención, detección, intervención y apoyo a las víctimas de violencias sexuales".
Además, las "Administraciones competentes se asegurarán de que los planes de formación continuada de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud y de la red de servicios sociales, se incluyan temas dedicados a la sensibilización y formación en materia de prevención, detección, actuación en casos de violencias sexuales, así como en el tratamiento de las víctimas de violencias sexuales y sus derechos", detalla el documento.
Ámbito forense
Las Administraciones sanitarias, desde sus respectivas competencias, deben asegurar "que los Institutos de Medicina Legal, en la formación inicial y continua de los
equipos multidisciplinares de profesionales integrados en las unidades de valoración forense integral, incluyan la perspectiva de género, así como la capacitación para la identificación de las violencias sexuales".
Además, también se deberá garantizar la "adecuada especialización de todo el personal del
Cuerpo Nacional Médico Forense que realice la valoración de circunstancias y daños ocasionados en casos de violencias sexuales".
Equipo integral
Como ya se había avanzado, y en base al derecho a una asistencia integral especializada a las personas víctimas de violencias sexuales, se deberá garantizar "la
atención médica y psicológica como vía para paliar las secuelas de la violencia, lo que incluye la atención psicológica de emergencia o crisis".
En este sentido, las Administraciones deberán garantizar la creación de Centros de Crisis de 24 horas quebrinde atención psicológica, jurísica y social. Estos servicios serán interdisciplinares e irán encaminados a "la
recuperación psicológica de las víctimas en el largo plazo, así como sus demandas de acompañamiento social, laboral y jurídico".
En todos los casos, concisa el anteproyecto,
"el acceso a estos servicios será gratuito y se respetará la confidencialidad y dignidad de las víctimas". Además, se garantizará la previsión de un
número suficiente de centros así como con personal suficiente y cualificado, y de un reparto equitativo de los mismos que asegure la accesibilidad a las mujeres de las zonas alejadas de los núcleos urbanos de gran densidad.
Coordinación las Fuerzas de Seguridad del Estado
"Los centros y órganos sociosanitarios y judiciales facilitarán a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado toda aquella información de la que se deriven elementos que permitan predecir un riesgo para la integridad de la víctima o de su entorno" relata el informe, que advierte que las unidades de valoración forense integral, adscritas a los
Institutos de Medicina Legal, "se ocuparán también de los casos de violencias sexuales contra las mujeres, para lo cual serán reforzadas y se garantizará su presencia en todo el territorio del Estado".
Por ello, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la disponibilidad del
personal médico forense para asegurar que el examen y las actuaciones de interés legal se practiquen a las víctimas sin demoras, junto al
reconocimiento ginecológico preceptivo. Por ello, se deberá garantizar la especialización de este personal.
Las mujeres víctimas de estas violencias podrán recibir ayudas adicionales para
financiar los tratamientos sanitarios adecuados.
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