Cuando se trata de
reducir la temporalidad en el sector sanitario, cada partido tiene su propia 'caja de herramientas' con la que abordar el problema. Las auditorías son, en este sentido, el punto fuerte de las modificaciones que propone introducir
Más País en la normativa trazada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
A través de
nueve enmiendas al articulado, el partido, encabezado por Íñigo Errejón en el Congreso de los Diputados, plantea la realización de una
auditoría o catálago exhaustivo como "requisito previo" al lanzamiento de de nuevos procesos de estabilización del empleo. La formación considera prioritario conocer la
cuantía "exacta" de plazas estructurales y no estructurales que están cubiertas por
trabajadores sanitarios temporales en situación de fraude de ley, antes de crear nuevas OPE.
Más aún. Es partidario de
impedir la convocatoria de plazas que no se hayan sometido al proceso de auditoría durante el tiempo que esta tenga lugar. Así, las vacantes "
deben quedar excluidas de la oferta pública de empleo en régimen abierto hasta que haya un mapa claro de la situación de todas las personas afectadas por relaciones laborales temporales".
Según este planteamiento, cada
Administración Pública será la encargada de coordinar dichos programas de control en los tres meses sucesivos a la entrada en vigor de la ley, y con ayuda, a ser posible de los recursos que ofrece el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Concurso de méritos para interinos en fraude
Una vez concluido el proceso, y ya con la norma vigente, las plazas ocupadas por interinos en situación fraude serán s
uprimidas de las futuras OPE. Los sanitarios que ocupen dichos puestos deberán enfrentarse, según la disposición transitoria que pretenden incluir, a un
concurso de méritos extraordinario cuyos criterios, indican, deberán ser "negociados con la representación de los trabajadores presentes en cada ámbito institucional de la Administración. Aquellos que no superen la prueba "
se convertirán en personal fijo a extinguir".
El objetivo es ofrecer seguridad jurídica a los interinos que ya pasaron un proceso de oposición y que, por tanto, reunieron "los requisitos constitucionales exigidos" y aun así no han podido acceder a una plaza, entre otras causas, por las
"limitadísimas tasas de reposición impuestas entre 2009 y 2020". Para aquellos interinos con situación regular se propone un concurso-oposición, donde las
experiencia profesional homologada tendrá un peso del 50 por ciento. Además, optan por incluir la "publicidad" entre los principios sobre los que se establecerán los procesos de selección de los empleados públicos en Sanidad.
En relación a la
compensación económica de 20 días que dicta la norma para aquellos que no hayan superado el proceso selectivo, el partido de izquierdas pide ampliarla también a los aspirantes al concurso de méritos restringido aplicado a las OPE de 2017 y 2018.
Por último, continuando con la senda de trasparencia, ven necesario que el ministerio remita el informe anual de seguimiento que contempla el pliego original a la
Comisión Competente del Congreso de los Diputados.
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