Tajante,
Mónica García ha manifestado ante el pleno del Senado que el control y la gestión de las bajas médicas “estará
única y exclusivamente en manos de los
profesionales de la sanidad pública”. La ministra del ramo ha “garantizado” que esta competencia no recaerá sobre las mutuas independiente del acuerdo de pensiones suscrito por Gobierno, sindicatos y patronales el pasado septiembre, que abría la puerta a que las compañías manejaran casos de Incapacidad Temporal (IT) por
causas traumatológicas. En palabras de García, este pacto “no supone un cambio significativo en la práctica” y se circunscribe a situaciones muy concretas. “En todo caso, desde la
comisión de seguimiento se que va a poner en marcha evaluaremos este papel”, ha apuntado.
La ministra de Sanidad ha sido interpelada este martes en el pleno de la Cámara Alta por
EH Bildu, cuya portavoz adjunta,
Idurre Bideguren, ha advertido del impacto que pueda tener para el sistema sanitario público el impulso de los convenios con las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. En concreto, se ha referido a la gestión de la
atención sanitaria en algunos procesos de incapacidad temporal de origen traumatológico: “No olvidemos que las mutuas son asociaciones privadas de empresarios y, por tanto, anteponen el objetivo economicista a cualquier objetivo de protección de la salud o de protección social -ha indicado-. Si apostamos por un sistema de salud público, lo lógico sería responder desde el sistema público de salud reforzándolo en términos preventivos, asistenciales y rehabilitadores".
La mandataria vasca aludía de esta forma al reciente
acuerdo de pensiones que rubricaron el Gobierno y los agentes sociales y que está destinado, entre otros efectos, a “involucrar mejor a las mutuas en los tratamientos sanitarios” y “aprovechar mejor los recursos”, según informó Moncloa.
Si bien ha incidido en que no es el Ministerio de Sanidad el que tiene “la competencia en esta materia”, García ha apuntado que, desde un “punto de vista sanitario”, el acuerdo “lo que ha buscado es estructurar y estandarizar una práctica que ya se estaba llevando a cabo en algunas comunidades autónomas sin supervisión”. Se ha referido, en concreto, a las situaciones en las que un paciente pide a los médicos de Familia “que
firme el papel para hacer la rehabilitación en la mutua”.
Transparencia a la gestión de las bajas médicas
“Lo que viene a garantizar este acuerdo es que se regule esta colaboración entre las mutuas y los servicios públicos y se dé
transparencia a estos casos específicos para poder hacer una mejor supervisión”, ha aseverado la ministra, que ha añadido: “Quiero dejar claro que la gestió de las bajas médicas está única y
exclusivamente en manos de los profesionales de la sanidad pública”. García ha subrayado que el pacto del Gobierno con los sindicatos solo permite el control de situaciones de AT “asociadas a patologías traumatológicas” y “siempre con el
consentimiento informado tanto del médico como del paciente”.
“Las mutuas pueden realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos rehabilitadores bajo supervisión de los sistemas públicos de salud”, ha zanjado la dirigente progresista, quien ha añadido que desde la comisión de seguimiento del acuerdo “se va a evaluar el papel” de las compañías en este proceso.
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