La Mesa del Congreso desestimado de manera definitiva una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) enfocada a
terminar con el copago farmacéutico de los pensionistas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (
Muface). La Iniciativa, promovida por
Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España (Ajpne), ha “caducado” en su tramitación en el Congreso.
“Tras la presentación de la ILP, no hemos conseguido reunir todas las firmas necesarias”, asegura a
Redacción Médica Yolanda Tranco, vicepresidenta de la Ajpne. Para que la ILP despegara,
necesitaba al menos 500.000 firmas. La representante de la asociación explica que esta era la segunda vez que presentaban la iniciativa a la mesa (“La primera fue durante la pandemia”) y que, tras esta segunda desestimación “no van a volver a presentarla”.
El texto presentado buscaba el posicionamiento de los grupos parlamentarios a favor de la “igualdad real y efectiva” en el nivel de aportación económica para poder acceder a los fármacos ambulatorios. El fin era
equiparar la situación de los pensionistas de la Seguridad Social y de aquellos que están adscritos a Muface, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) o la Mutualidad General Judicial (Mugeju).
30 por ciento del dinero dedicado a fármacos
En la actualidad estos pensionistas tienen que hacer un
mayor desembolso para poder obtener su medicación en la farmacia ambulatoria. En el caso de los policías retirados, artífices de la propuesta, sus cálculos estiman que el copago farmacéutico por receta médica supone un 30 por ciento del dinero dedicado a sus fármacos. Además, querían “acabar” con los límites mensuales de aportación que afectan tanto a funcionarios civiles como de las Fuerzas Armadas.
El texto publicado por el Congreso “declara la caducidad de la referida iniciativa legislativa popular, por haber
transcurrido el plazo para la recogida de firmas establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo”.
En su momento se aseguró que la asociación había dejado la
puerta abierta a acudir al Tribunal Constitucional o incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si finalmente el Congreso rechazaba la equiparación de las pensiones.
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