Prevenir el
suicidio entre los jóvenes y niños es ya una necesidad urgente. La pregunta es cómo. Este miércoles, las diferentes formaciones políticas ponían sobre la mesa de la Cámara Alta sus propuestas para abordar este "
grave problema de salud pública", convertido ya en la primera causa de muerte no natural entre la población infanto-juvenil, por encima de los accidentes de tráfico.
Desde el grupo socialista, creen que no se trata de una "función exclusiva del
Sistema Nacional de Salud" sino que deben intervenir otros agentes procedentes de sistemas como "el educativo, el comunitario y el familiar".
Así lo defendían en la moción presentada este miércoles en el Senado, con la que instan al Gobierno a seguir trabajando en los programas y planes relativos a este problema entre los colectivos de menor edad y que parte de la historia real de una
residente de tercer año de Pediatría, "conmocionada" al tener que atender a un menor que "había intentando suicidarse".
La petición,
aprobada por 243 votos a favor, 12 abstenciones y ningún voto en contra, sugiere, en concreto, la inclusión de la educación emocional en los planes educativos y la mejora de la comunicación entre profesores y profesionales sanitarios para abordar posibles trastornos de salud mental entre los adolescentes y los niños. Especialmente en aquellos alumnos y familias "que presenten factores de riesgo".
Los socialistas también piden favorecer el
acceso de estos menores a la asistencia psicológica tanto en Atención Primaria como en otros recursos de tipo social, además de implementar actividades orientadas a erradicar el estigma que rodea al suicidio.
Una serie de propuestas que deberán ir de la mano de las estrategias ya implementadas en las diferentes comunidades autónomas como parte de sus
competenecias, para las que el Grupo Parlamentario Nacionalista pedía "un blindaje total" en su enmienda a la moción. La de los nacionalistas ha sido la única enmienda que el grupo socialista aceptaba incluir en la moción de las 10 presentadas ante la Cámara, apoyada tambien desde la tribuna vasca al entender que se estaba transgrediendo el
ámbito competencial.
¿Cómo prevenir el suicidio en menores?
Quedaba fuera la petición del PP para hacer de las
escuelas de padres el "lugar ideal" para orientar a las familias a la hora de detectar factores de riesgo o señalaes de alerta, ya que la mayoría "no son capaces de detectar esos primeros síntomas", exponía su portavoz, Rosa María Arza. Lamentan que tampoco se haya tenido en cuenta su demanda de
aumentar el número de psicólogos y psiquiatras disponibles para acercar a España a la media europea.
Más aún, después de una pandemia en la que las ideas suicidas se han incrementado hasta un
250 por ciento entre la población joven, según denunciaban en Ciudadanos. Las cifras ya eran "dramáticas" antes de la llegada del Covid-19, con un incremento de casi el 50 por ciento en el número de suicidios registrados entre los jóvenes desde 2004, añadía Vox, para quien resulta esencial un informe nacional que refleje este problema en cifras.
La idea es desmitificar aspectos como "el
efecto llamada, la idea de que los suicidios no muestran elementos reconocibles previos o que las personas con ideas suicidas necesariamente padecen un trastorno mental".
Su compañero en el Grupo Mixto, UPN solicitaba en esta línea un Plan Nacional de Prevención en Suicidios especialmente orientado a estas edades en "un plazo máximo de 6 meses" y con el acuerdo de comunidades autónomas y colecticos "que trabajan en este campo".
Para el Grupo Izquierda Confederal, lo fundamental es trasladar la atención psicológica de los centros a la calle, "donde los menores están, se divierten y sufren", para lo cual, pide un nuevo sistemas sociosanitario. "Hay que transformar el modelo de asistencia en Atención Primaria que es la piea clave en la detección precoz de los problemas de salud mental más leves", apuntaba en esta línea Mirella Cortés en nombre de ERC.
En cualquier caso y, a pesar de las diferencias, los socialistas entienden que esta petición solo puede ser "abordada de forma integral y eficaz, reforzando los servicios públicos implicados y coordinando los esfuerzos de la Administración Pública". La salud mental supone, por tanto, un reto que solo podrá ser afrontado con la concienciación de la población "y el
compromiso sanitario y político".
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