La
proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, presentada por el PSOE en el mes de mayo, ya cuenta con el visto bueno del
Gobierno de España para su tramitación. Así lo ha ratificado la presidenta del
Congreso de los Diputados tras
recibir la conformidad del Gobierno de Pedro Sánchez para la tramitación de dicha normativa.
Con el visto bueno del Ejecutivo central, la
Ley de regulación de la práctica eutanásica pasará a debatirse en el
Congreso de los Diputados donde, según los propios socialistas, será complementaria a la
proposición de Ley del Parlamento de Cataluña aprobada el ocho de mayo y que propone modificar e
l apartado 4 del artículo 143 del Código Penal para que queden exentos de responsabilidades legales los que "de manera indirecta o cooperante, ayuden a morir de manera segura, pacífica y sin dolor".
Por el contrario a la legislación catalana,
la nueva Ley Orgánica que propone el PSOE modificaría el a
rtículo 143.4 del Código Penal para despenalizar la eutanasia en el supuesto de que el paciente sufra una enfermedad grave e incurable o ante una
discapacidad grave crónica sin curación. De esta forma, la legislación del PSOE va más allá de la modificación y concibe un marco jurídico para la decisión del
fin de la vida de aquella persona que no esté en la fase terminal de su enfermedad.
Mayor de edad y solicitud por escrito
En el
documento del PSOE se explica que, el paciente debe ser mayor de edad, presentar la solicitud por escrito, de manera voluntaria, sin presiones externas y la petición debe reiterarla al menos dos veces con una separación de tiempo de quince días. Además
, el solicitante deberá tener la nacionalidad española o residencia legal en España.
Todo esto tiene que certificarlo el médico que deberá, además, buscar una segunda opinión de otro facultativo. La última palabra la tendrá una
Comisión de Evaluación y Control, el órgano que supervisará todo el proceso antes y después de la muerte. El proceso, en su conjunto total, podría llegar a durar "unos 32 días".
La eutanasia, según el documento de los socialistas, se deberá de realizar en los hospitales o en el domicilio y
se garantizará en los centros privados. En el aspecto profesional, los sanitarios podrán ejercer el derecho a la objeción de conciencia y se
creará un registro de objetores.
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