La
Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado por una amplia mayoría el dictamen sobre la futura
Ley de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. El visto bueno de los socios habituales del Gobierno ha permitido que el texto continúe con su tramitación parlamentaria. Ahora, tendrá que concluir con una nueva votación en el pleno del
Congreso de los Diputados donde se discutirán las últimas enmiendas presentadas en respuesta al
protocolo sanitario que Vox anunció en Castilla y León sobre
el aborto.
La votación se ha resuelto con
16 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones. Los partidos de la coalición han contado con el apoyo de Esquerra Republicana (ERC), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) o Junts. Mientras que tanto el
Partido Popular como Vox se han posicionado en el ‘no’, pero no han logrado los apoyos suficientes para que fructificasen sus propuestas de veto.
Una de las principales novedades es que ahora se suma al procedimiento
la última enmienda transaccional que propuso el grupo socialista con el objetivo de blindar los derechos de las mujeres. Se trata de una modificación del
artículo 24 diseñada para evitar que las administraciones públicas puedan “alterar” la voluntad de las mujeres cuando deciden interrumpir un embarazo. Mientras que impide que se realicen intervenciones diagnósticas o terapéuticas sin “evidencia científica”.
Este apéndice se incluyó a última hora como respuesta a la propuesta que lanzó
Vox en Castilla y León para obligar a los médicos a enseñar a las pacientes las
ecografías del bebé o hacerles escuchar el
latido de su corazón ante potenciales situaciones de embarazo. Aunque finalmente la polémica ha provocado que el Gobierno del Partido Popular echase por tierra cualquier cambio.
“El PSOE, con la mayoría de esta cámara,
garantizamos que nadie coaccione a las mujeres para decir qué hacer con su embarazo. Las mujeres no necesitamos ser tuteladas. Cualquier práctica diagnóstica, terapéutica se debe
basar en la evidencia científica”, ha defendido en su turno la senadora socialista,
Esther Carmona, que también ejerce como portavoz de su grupo en la Comisión de Sanidad del Senado.
El registro de médicos objetores se demora
La incorporación de estas últimas enmiendas ha provocado que la ley del aborto tenga que regresar de nuevo al Congreso de los Diputados, donde se espera un debate con los principales líderes nacionales de cada partido. La demora ha retrasado algunas de las novedades que incorpora la reforma como la
creación de un registro de médicos objetores para poder garantizar este derecho en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
La norma impedirá que aquellos que se declaren objetores en la pública puedan
realizar abortos en la privada. Mientras que también incorpora una cláusula para garantizar que
no se producen discriminaciones entre los facultativos. La eliminación del periodo de reflexión de
tres días, el blindaje del derecho a la interrupción del e
mbarazo desde los 16 años o el acceso gratuito a la píldora del día después son otras de las claves en el plano sanitario.
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