La Mesa del Congreso de los Diputados ha aceptado tramitar mediante el
procedimiento de urgencia la
Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), norma dirigida entre otros efectos a ampliar la cobertura sanitaria a más colectivos y evitar “nuevos copagos”. A priori, esta vía permitirá al Gobierno
reducir los plazos del debate parlamentario para que el proyecto sea ratificado cuanto antes.
La citada
Ley de Universalidad del SNS fue aprobada a comienzos de mayo por el Consejo de Ministros, y poco después fue aceptada a trámite en el Congreso. En palabras de la titular de Sanidad,
Mónica García, se trata de un “hito” que no solo ampara a nuevos colectivos, incluidos los
españoles que residen fuera del país o migrantes en
situación irregular; sino que también “evita que se puedan introducirse nuevos copagos” y
da “más ‘voz’ a los pacientes” a través de órganos de asesoramiento.
Asimismo, la norma servirá para
“clarificar” las prestaciones de salud incluidas en la cartera de servicios, “un instrumento esencial”, según el cuerpo de la proposición, “para la
equidad de la ciudadanía en el acceso” a la sanidad “basadas en la mejor evidencia científica posible.
En este sentido, se prevé que la
cartera común de servicios del SNS comprenda “todas las actividades asistenciales de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación” que se lleven a cabo en centros sanitarios o sociosanitarios, “incluyendo las prestaciones
farmacéutica, ortoprotésica, de productos dietoterápicos y el
transporte sanitario urgente y no urgente”.
Potestad del Gobierno para la vía de urgencia en el Congreso
Según recoge este viernes el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, la Mesa ha aceptado tramitar esta norma a través de la vía de urgencia, una herramienta que viene recogida en los
artículos 93 y 94 del reglamento de la Cámara y que puede ser
promovida por el Gobierno, así como por dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados.
Esta fórmula está llamada a
reducir a la mitad los plazos ordinarios del procedimiento legislativo siempre y cuando la Mesa no los prorrogue. Mediante la vía ordinaria, los partidos disponen de 15 días para presentar enmiendas, y el Ejecutivo de otros 30 para pronunciarse sobre la proposición de Ley. Finalmente, los diputados de la ponencia tienen 15 jornadas más para elaborar el informe previo al dictamen.
Ley de Gestion Pública del SNS
De salir adelante, la Ley de Universalidad se complementará con el otro gran proyecto del Ministerio de Sanidad, la
Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS, que recientemente fue sometida a consulta pública. Dicha norma está orientada a “establecer, de forma clara”, la “prioridad absoluta” del ámbito público en la prestación de servicios de salud.
En concreto, el Ministerio de Sanidad apunta a cuatro objetivos fundamentales. El primero se refiere a la “limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por
entes privados con ánimo de lucro”. De forma paralela, se persigue introducir “mejoras en los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas” de los modelos indirectos, así como “facilitar la
reversión” de los “fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos existentes”.
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