El Gobierno ha contestado a la pregunta
planteada en el Congreso de los Diputados acerca de las actuaciones realizadas en el
presunto fraude de
Idental. Sin embargo, no ha podido hacer pública la
situación tributaria de la empresa dado su carácter reservado -según lo establecido en la Ley de Protección de Datos- que impide facilitar la información relativa a las deudas con la Seguridad Social.
Entre esas actuaciones, el
PSOE ha hecho hincapié en que se han coordinado las acciones emprendidas por las autoridades de consumo de las Comunidades Autónomas y que se mantuvo una
reunión con el Fiscal General del Estado para analizar la situación de los afectados el pasado mes de mayo.
El grupo socialista también ha querido destacar las reuniones que el Ministerio ha tenido con la
Asociación Actora Consumo y la
Plataforma de Afectados, así como la realización de dos requerimientos a los responsables de la empresa iDental, "para la exigencia de un plan de contingencia para atender a los afectados desasistidos y señalarles que, ante la falta de prestación de servicios, debían
cancelar los créditos vinculados".
Publicidad de productos sanitarios
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Se han establecido límites y prohibiciones a la publicidad de productos con fines sanitarios
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Con el fin de que los afectados contasen con toda la información necesaria para completar sus actuaciones, el Gobierno ha publicado las
medidas que pueden emprender los afectados y han puesto "en conocimiento de las ONG's que eran publicitadas por iDental, las presuntas
vulneraciones de los derechos de los consumidores y
mala praxis odontológicas del grupo".
A través de la modificación del Real Decreto 1907/1996, además, se han establecido "ciertos límites y
prohibiciones a la publicidad de productos que se presenten con finalidades sanitarias y publicidad en centros sanitarios", recuerda el PSOE, que añade que se ha recabado de las Comunidades Autónomas la documentaicón necesaria para que la Fiscalía General del Estado pueda valorar
un posible ilícito penal".
En conversación con los odontólogos
Para abordar la situación de los afectados que se quedaron sin finalizar los tratamientos y coordinar una acción conjunta de los
Colegios de Odontólogos y Estomatólogos del Estado, la Secretaría General de Sanidad se ha reunido con el Consejo General de Odontólogos de España, al que también ha solicitado su apoyo con
efectos periciales ante presuntas malas praxis.
Según la información de la que dispone la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (
Aecosan) las autoridades de consumo tenían constancia de 8.021 reclamaciones, 554 actuaciones inspectoras y 114 expedientes sancionadores iniciados el pasado mes de julio.
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