El Senado ha ratificado este jueves el dictamen de la Proposición de Ley del PSOE para
homogeneizar los programas de cribado neonatal en todo el territorio español, que tendrá que superar ahora su debate y votación final en el Congreso antes de entrar en vigor. Ese trámite será decisivo para determinar si la norma se aprueba con la enmienda del PP incorporada en la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta al
texto remitido por el foro equivalente en el Congreso: el Grupo Popular, valiéndose de su mayoría absoluta aunque con el apoyo de otros grupos como el PNV, logró introducir una disposición final para garantizar que el programa cuente cada año con una
“financiación suficiente” en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Claves de la Proposición de Ley sobre el cribado neonatal
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La norma busca homogeneizar los programas de cribado neonatal para evitar desigualdades territoriales y garantizar un acceso equitativo en todo el Sistema Nacional de Salud a la prueba del talón para detectar de forma precoz las 21 patologías incluidas en la cartera común.
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El programa deberá someterse a una evaluación periódica al menos una vez al año, en lugar de cada dos años como se planteaba inicialmente en la Proposición de Ley cuando el PSOE la registró en el Congreso.
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El Ministerio de Sanidad tendrá que revisar y actualizar el Sistema de Información del Programa de Cribado Neonatal para reforzar el seguimiento, la evaluación y la coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado.
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El Documento Marco de Cribado Poblacional habrá de actualizarse en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley y en el marco del Consejo Interterritorial del SNS.
El Gobierno y el PP se enzarzan sobre la viabilidad financiera
“De poco sirve que hagamos una propuesta perfecta si, luego, este Gobierno sigue en su dinámica de no dotarla de financiación adecuada.
Un Gobierno sin presupuestos es un coche sin gasolina”, ha promulgado la senadora del PP Antonia López, quien, además, ha exigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que se apresure en reducir los plazos de autorización de fármacos innovadores, asegurar la financiación en medicamentos huérfanos y acabar con demoras de pacientes con
enfermedades raras (para cuya detección temprana es clave la prueba del talón). “Hasta ahora, ni está, ni se la espera”, ha lamentado.
Carla Antonelli, de Más Madrid y encuadrada en el Grupo Izquierda Confederal, ha defendido la labor de García recordando que su ministerio ha actualizado el programa de cribado neonatal “tres veces en dos años”. En efecto, el número de patologías contempladas en la cartera de servicios comunes se ha ampliado de siete a 21 antes de que comenzara a debatirse en las Cortes la Proposición de Ley.
“La ley viene a blindar legalmente lo que el ministerio estaba haciendo de facto”, ha dicho.
La socialista María Dolores Flores ha asegurado que el sistema no ha dejado de incorporar “con agilidad” los avances científicos necesarios en detección precoz de enfermedades, al respecto de lo cual ha señalado que
la enmienda del PP “pone en riesgo” el programa de cribado neonatal. “Vincularlo a los PGE no aporta más garantías a las familias. La legislación vigente ya garantiza la financiación”, ha subrayado.
“No sé si es desconocimiento del PP o es mala fe”, se ha preguntado al respecto el portavoz sanitario del PSOE en el Senado, Kilian Sánchez. Según ha señalado, la enmienda del Grupo Popular “pone palos en las ruedas” para “dilatar la tramitación” de la ley. Le ha respondido el popular Enrique Ruiz Escudero, quien ha defendido que, sin una dotación presupuestaria específica a través de las cuentas generales,
la presión financiera de toda ley acaba trasladándose a las comunidades autónomas.
Tras
lamentar la “infrafinanciación” que sufre la sanidad pública en Cataluña, el senador de Junts Joan Baptista Balagué ha reclamado, de hecho, que los gobiernos autonómicos “dispongan de los recursos necesarios para prestar los servicios que se les exigen”. Por parte del PNV, Nerea Ahedo, que se ha quejado de la excesiva diligencia con la que se ha tramitado la norma, ha augurado que las nuevas medidas de homogeneización no serán efectivas.
“Seguirá habiendo diferencias territoriales”, ha manifestado antes de recordar que la cartera común sólo establece “unos mínimos” que algunas comunidades autónomas se limitarán a cumplir frente a otras que “irán más allá”.
El senador de Vox Fernando Carbonell ha aprovechado para volver a defender una vieja idea de su partido: la necesidad de centralizar las competencias en sanidad: “Esta ley admite que el acceso al diagnóstico precoz, todavía y en parte, depende del lugar donde nace el niño.
El Estado debe ofrecer su función de cohesión y garantía de igualdad”.
Opacidad en la financiación de medicamentos como escudo anti-Trump
La norma, previo pacto entre PSOE, Sumar y PP en el Congreso, incorpora una modificación de la Ley de Garantías para
reforzar la confidencialidad de los precios y de los acuerdos de financiación de medicamentos innovadores y, así,
contrarrestar el impacto de la cláusula de Nación Más Favorecida aplicada por Estados Unidos en sus acuerdos con las farmacéuticas. El objetivo es evitar que esos importes puedan utilizarse como referencia en otros países y acaben encareciendo el acceso a terapias innovadoras.
El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna criticó duramente el pacto entre los dos socios de Gobierno y el PP cuando la Proposición de Ley se debatió en la Comisión de Sanidad del Congreso, y ahora Carbonell ha aprovechado su turno en la tribuna del Senado para hacer lo propio. El portavoz sanitario de Vox en la Cámara Alta ha dicho que aprovechar esta tramitación legislativa para aprobar esta medida es una
“incongruencia”.
ERC protesta por el veto a sus enmiendas sobre salud bucodental
Tras un primer intento fallido en el Congreso, ERC había registrado en el Senado varias enmiendas para
ampliar la cobertura de la salud bucodental en la cartera común hasta los 18 años, pero la Mesa del Senado acordó no admitirlas a trámite al considerarlas incongruentes con el fondo de la Proposición de Ley. El senador republicano Joan Queralt ha censurado la decisión. “Se ampara falazmente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, ha argüido.
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