La ley contra agresiones del SNS nace con un primer apoyo en el Congreso

La propuesta de avanzar hacia una ley contra las agresiones a profesionales sanitarios ha generado diversas reacciones entre los partidos políticos que, a pesar de compartir el objetivo de mejorar la protección de estos trabajadores, presentan enfoques variados para llevarlo a cabo. En este sentido, mientras que Sumar guarda silencio, el PSOE destaca las medidas preventivas ya implementadas a nivel estatal y la importancia de la gestión autonómica. Sin embargo, la mayoría popular recoge el guante y sí apoya abiertamente la creación de una ley. Por su parte, Vox exige mayores garantías de seguridad y un plan integral de prevención.

El debate se ha intensificado tras el anuncio de que el Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) contará con un nuevo registro ante esta problemática. Según el secretario general de la OMC, José María Rodríguez Vicente, se trata de una medida con aspiraciones internacionales, que pretende recopilar datos de agresiones a profesionales de la salud de manera más concreta y realista, y que supone un paso crucial hacia la implementación de una ley específica para proteger a los sanitarios.

Medidas preventivas ante agresiones a profesionales de la salud

Respecto a esta propuesta de implementar una ley para proteger a los sanitarios, la postura de los socios del Gobierno de coalición es dispar. A pesar de que en Sumar prefieren no pronunciarse al respecto, desde el PSOE recuerdan que, a nivel estatal, ya existen medidas preventivas frente a las posibles agresiones a profesionales sanitarios. El principal partido del Ejecutivo se refiere, en primer lugar, al protocolo común ad hoc para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se estableció mediante la Instrucción 3/2017 del Ministerio del Interior. Por otro lado, aluden a una función de la app Alertcops, también de Interior, para proteger de forma expresa al colectivo sanitario que está disponible desde 2020.

Además, tal y como indican fuentes socialistas a este medio, se cuenta con dos grupos de trabajo en el seno del Ministerio de Sanidad, uno creado en 2017 para elaborar las bases de un sistema de información de agresiones a los profesionales del SNS, y otro constituido en 2018 para analizar y estudiar hechos de esta índole.

Antes de todo ello, el pleno del Senado aprobó en 2012 una moción para encomendar al Gobierno establecer esos mecanismos de información de cara a reforzar la figura del profesional sanitario como autoridad en su trabajo. En esa línea, la Ley Orgánica 1/2015 modificó el Código Penal para incluir a los sanitarios y a los docentes entre los funcionarios protegidos como autoridad, algo que, entre otras cosas, eleva a la categoría de atentado las agresiones cometidas contra estos.

A partir de ahí, según las fuentes del PSOE consultadas, la responsabilidad es de las comunidades autónomas: "Son las que tienen las competencias en materia de salud y, por tanto, las conocedoras de los casos de agresión". En este sentido, recuerdan que las propias consejerías del ramo cuentan con un protocolo que se activa de oficio ante cualquier situación de esta clase, a lo cual añaden que "la cercanía" es "importante para resolver los problemas": "Desde el centralismo no se resuelven los casos", sentencian.

El PP, a favor de una ley contra agresiones a sanitarios

La Organización Médica Colegial (OMC) cuenta con el respaldo de las bancadas conservadora del Congreso de los Diputados. El Partido Popular, de hecho, propuso esta misma legislatura un plan que pretendía elevar a rango de Ley para paliar las agresiones a los profesionales de la salud. Una norma que, entre otras medidas, aludía a la posibilidad de efectuar denuncias ‘in situ’, de forma que el autor del ataque se marche del centro con cita para un juicio rápido y en este momento, también aboga por la creación de una ley que regule esta problemática.

"Además, una de las primeras iniciativas que hemos debatido en la Comisión de Sanidad fue una que presentó el grupo popular sobre las agresiones a profesionales sanitarios", recuerda Elvira Velasco, portavoz del PP en esta cámara.

Los populares exigen que se "garantice la plena seguridad de los sanitarios en el ejercicio de sus funciones" y en "todo el Sistema Nacional de Salud", algo que, apuntan, requiere del "consenso de las comunidades autónomas, de los ministerios de Sanidad, Interior y Justicia y de los representantes de los profesionales", así como la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Muchas de las agresiones que sufren los profesionales no están siendo comunicadas porque no existe un marco común de protocolos en España", señala a este respecto.

Aumentar la seguridad del gremio sanitario

También Vox reivindica "más garantías de la seguridad y la integridad física y psíquica del gremio sanitario", algo que consideran "esencial para el bien de la sociedad española". Fuentes del organismo recuerdan que en marzo de este mismo año inquirieron al Gobierno sobre este fenómeno debido al incremento de las agresiones a médicos, enfermeros y técnicos "y requiriendo medidas de prevención y protección" que se han adoptado al respecto, "así como sobre la nacionalidad de los agresores".

El grupo que abandera en la Comisión de Sanidad David García reclama un plan estatal de agresiones a sanitarios que dote a los centros de más medios de "prevención y disuasión" en coordinación con las Fuerzas de Seguridad y vigilantes de seguridad privada. Coinciden, además, en que todos los ataques deben ser "comunicados y denunciados". 

Por otra parte, ERC también se ha pronunciado respecto a esta propuesta. Tal y como avanzan fuentes de la formación a este medio, se muestran "totalmente de acuerdo en que hay que poner los medios necesarios para garantizar la convivencia cívica y los derechos laborales de todos, también en el sector sanitario". En esta línea, no matizan si darían el paso para promover una iniciativa de este tipo, y señalan que no pueden mostrar su apoyo si no conocen el texto al completo. "Lo primero es ver el texto terminado y en qué se substancia la propuesta en concreto", detallan.