La
Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles el Real Decreto Ley sobre
seguridad digital. Un visto bueno que ha estado protagonizado por el primer 'encontronazo' entre el
PSOE y Unidas Podemos y que contempla que “por motivos de seguridad pública” que los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de datos de los usuarios del
Sistema Nacional de Salud (entre otros), “se ubiquen y presten dentro del territorio de la
Unión Europea”.
Este Real Decreto tiene por objeto regular el marco normativo que comprende medidas urgentes relativas a la documentación nacional de identidad; a la identificación electrónica ante las
Administraciones públicas; a los datos que obran en poder de las mismas; a la contratación pública; y al sector de las telecomunicaciones. Ha llevado a discrepancia entre las partes puesto que
Unidas Podemos (junto con los partidos de izquierda y los nacionalistas) se han posicionado en contra, aunque se han abstenido en la votación final, lanzando fuertes críticas al
Real Decreto del PSOE.
República digital catalana
Hay que recordar que este reglamento fue concebido, entre otros aspectos, para frustrar cualquier pretensión de la Generalitat de crear una especie de
república digital catalana. Con la norma, el Gobierno tiene potestad para, localizadas páginas web o vulneraciones en las redes que afecten al
soberanismo catalán, suprima las mismas. La norma obliga a todas las administraciones a contratar sus servidores dentro de la UE para que se pueda tener un control de la información digital.
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Calviño ha defendido el real decreto por "medidas urgentes por razones de seguridad pública"
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En un clima político en el que también se ha hablado de la posibilidad de un
gran gobierno de coalición de PP y PSOE, el Gobierno en funciones ha recibido el apoyo de los diputados ‘populares’ y de Ciudadanos. Los últimos han mostrado su malestar por algunos aspectos restrictivos de esa regulación aunque al final la han aprobado. Algo que no ha ocurrido con
Vox que también la ha rechazado.
La ministra en funciones Nadia Calviño ha sido la encargada de defender la norma ante la Diputación Permanente argumentando la necesidad del real decreto, adoptado por "medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones".
El
diputado de Podemos, Antón Gómez Reino, se ha encargado de rebatir los puntos negativos de la reforma acusándola de “intento de recentralización y de controles digitales sin órdenes judiciales”. Además, le encontró fallos como hizo el portavoz de Ciudadanos,
Miguel Gutiérrez, que tachó el decreto de "chapuza legislativa" aunque votó a favor. Un argumento que también ha decidido tomar en consideración el PP. La diputada gallega,
Ana Belén Vázquez Blanco, ha apoyado la norma aceptando que pueda haber dudas sobre su constitucionalidad.
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